30/06/23

Sergio Massa busca llegar a las PASO sin paros de colectivos

Antes del próximo viernes, el Gobierno tiene que cumplir con los principales giros prometidos a las empresas para cubrir los aumentos pactados con la UTA.

Por Antonio Rossi



Tras haber tirado de la cuerda más de la cuenta y con el fin de evitar una paralización de servicios que impactara negativamente en la campaña electoral, el ministro de Economía y precandidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa, va camino a abrir la billetera para ampliar los giros de subsidios a las empresas de colectivos que deben hacer frente a los aumentos salariales comprometidos con la Unión Tranviarios Automotor (UTA).

Para no empeorar las cuentas de junio en medio de la negociación abierta con el FMI por adelantos de fondos y readecuación de las metas fiscales, Massa y su par de Transporte, Diego Giuliano, retrasaron hasta los primeros días de julio las reasignaciones de partidas destinadas a atender los mayores costos salariales que tienen por delante las líneas urbanas de colectivos del AMBA y del interior del país.

Con intervenciones a último momento y promesas de nuevas transferencias de subsidios, los representantes de Transporte y de la cartera de Trabajo lograron encarrilar en las últimas semanas un principio de acuerdo de recomposición salarial entre el empresariado del sector y el gremio de choferes que lidera el histórico Roberto Fernández.

Tanto para las líneas urbanas del AMBA como para las que prestan servicios en las principales ciudades del país, los acuerdos alcanzados contemplan un aumento promedio que supera el 50% entre los meses de abril y setiembre. Las actas suscriptas en ambos casos establecen el reconocimiento retroactivo de “nuevos salarios básicos remunerativos” de $262.000 en abril; $284.000 en mayo y $320.000 en junio. Para los tres meses siguientes, las subas pactadas prevén llevar el salario básico de julio a $346.000; el de agosto a $374.00 y el correspondiente a septiembre a $404.000.

Para el interior del país, el compromiso que asumieron las autoridades nacionales consiste en incrementar el monto de los subsidios que destina a las líneas urbanas de 7 mil a 9 mil millones de pesos mensuales entre julio, agosto y setiembre. En este caso, lo que está pendiente es la resolución de Transporte que convalide la nueva suma a distribuir por medio del “Fondo de Compensación al Transporte Público de Pasajeros del Interior del País”.

A ese refuerzo, los gobiernos provinciales y municipales deberán agregarle un aporte adicional similar para que las empresas no tengan problemas para pagar la nueva escala salarial.

De todas maneras, las compañías dueñas de los colectivos del interior nucleadas en al FATAP salieron a abrir el paraguas y advirtieron que “los pagos de los aumentos salariales se encuentran supeditados y condicionados a que la Nación y los gobiernos provinciales cumplan efectivamente con la entrega de los aportes comprometidos”.

Reclamaron, además, que la cartera nacional de Transporte se ponga al día con las compensaciones que mantiene retenidas por distintos motivos administrativos y regulatorios y que las acreditaciones de los subsidios para cubrir los aumentos salarios se concreten, a más tardar, el último día hábil de cada mes.

Conflicto latente en el AMBA

Por el lado de las líneas urbanas de la Capital Federal y el Gran Buenos Aires, la situación resulta más compleja por la brecha que existe entre los fondos adicionales que solicitan las empresas para poder liquidar los incrementos salariales y la asistencia económica que prevé reconocer el Gobierno.

Tras rechazar por “arbitraria e ilegítima” la medida oficial que fijó las mejoras salariales para los choferes, las cinco entidades que agrupan a las líneas metropolitanas (AAETA, Cetuba, CEAP, CTPBA y Ceutupba) advirtieron que frente a un gasto operativo total del sector que trepa a $74 mil millones mensuales, el Gobierno sólo reconociendo un valor de $52 mil millones que no tiene en cuenta los aumentos registrados en los costos y salarios desde principios de año.

Junto con los subsidios atrasados, que rondan los 10 mil millones de pesos, las empresas reclaman un auxilio complementario de 12 mil millones mensuales para poder afrontar los aumentos de sueldos que están en juego con la UTA.

En principio, los números que baraja el funcionariado de Transporte se ubica bastante lejos del planteo de los transportistas. Los cálculos oficiales estarían indicando que, con una partida adicional de $5 mil millones mensuales, las empresas no tendrían mayores inconvenientes para abonar las subas salariales previstas hasta setiembre.

Con el reloj jugando en contra, no se descarta que el Gobierno termine reconociendo antes del próximo viernes que es la fecha límite para pagar los sueldos de junio, un monto de ayuda extra del orden de los $6.500 millones mensuales para poder llegar hasta las PASO sin paros de colectivos por reclamos salariales.

Con respecto a la falta de actualización de los costos no salariales del sector, la tensión entre los funcionarios y las empresas promete seguir en ascenso.

La intención oficial es demorar una definición todo lo que se pueda. Desde las compañías, en cambio, exigen la aprobación inmediata de un mecanismo de ajuste automático y mensual que refleje las variaciones reales de los costos operativos del sector que casi siempre están por encima de la inflación minorista que se aplica para el ajuste de los boletos.

Nota Editada en Letra P