10/09/23

Shell se suma a la guerra con Paraguay por el peaje de la hidrovía

El bloqueo judicial de una barcaza de combustible que no había pagado el arancel reavivó el conflicto. La movida técnica de la Administración General de Puertos para bajar la tensión.

Por Antonio Rossi



El peaje fluvial de Santa Fe al norte que el Gobierno argentino comenzó a cobrar en enero provocó un conflicto nuevo con Paraguay y la petrolera Shell. Es a raíz de que la Administración General de Puertos (AGP) volvió a recurrir a la Justicia y logró inmovilizar una embarcación cargada de combustible para el país vecino que no pagó la tarifa estipulada y que, además, arrastraba varias intimaciones para que se pusiera al día con las deudas pendientes. En agosto, el organismo había conseguido la interdicción judicial de otras dos embarcaciones que también se negaron a abonarlo.

Se trata de la barcaza MGT 05 de la naviera Mercurio Group que el miércoles quedó frenada por la Prefectura en el kilómetro 171 de la hidrovía hasta que la empresa cancele la factura de los peajes atrasados. En su rol de concesionaria estatal de la Vía Navegable Troncal, la AGP exige un pago de US$ 1.447 por el viaje de la barcaza interdicta y un desembolso que supera los US$ 27.000 por las deudas de otras embarcaciones que la transportadora ha venido acumulando en los últimos meses.

El nuevo foco de tensión con las autoridades paraguayas es porque la barcaza llevaba una carga de 30 millones de litros de combustible de la empresa Shell para abastecer al mercado interno del país; y se produce a menos de dos semanas de la visita del ministro de Economía Sergio Massa a Asunción, donde fue tildado de “mentiroso”, y de la cumbre del Comité Intergubernamental de la Hidrovía Paraguay-Paraná (CIH) realizada en Santa Cruz de la Sierra, donde Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia reclamaron el levantamiento de la medida.

El representante de Shell en Paraguay, Luis Ortega salió a reclamar la intervención del gobierno que preside Santiago Peña y advirtió: “Estamos ante un conflicto serio al cual hay que encontrarle una solución”.

En tanto, el Centro de Armadores Fluviales y Marítimos de Paraguay (CAFyM) solicitó a las autoridades brasileñas a cargo de la presidencia pro tempore del CIH, que convoquen de manera urgente a una instancia de arbitraje entre Argentina y los países que integran el tratado de la hidrovía para resolver los problemas generados por la extensión unilateral del peaje desde Santa Fe hasta la zona de Confluencia.

Apoyos y fundamentos

En enero, la AGP piloteada por el santacruceño kirchnerista José Beni empezó a cobrarle a los barcos y convoyes de barcazas una tarifa de peaje de US$1,47 por Tonelada de Registro Neto (TRN) por las cargas internacionales e igual valor, pero en pesos, por los traslados de cabotaje. La medida contó con el apoyo de las provincias ribereñas, las empresas privadas del Círculo Rojo de la hidrovía y los sindicatos marítimos y portuarios.

Las autoridades gubernamentales argentinas fundamentaron la medida en la necesidad de que las empresas usuarias de la vía navegable debían contribuir con el financiamiento de las obras de dragado y balizamiento; y en la promesa de que la recaudación del nuevo peaje iba a ser reinvertida en la traza, por donde circulan anualmente unas 20.000 barcazas con cargas regionales e internacionales de productos agrícolas, combustibles líquidos y minerales.

Simultáneamente con la entrada en vigencia del cobro del peaje, las navieras paraguayas –propiedad de empresas argentinas que cambiaron de bandera por las mejores condiciones fiscales y las bajas cargas tributarias- comenzaron a desplegar una ofensiva fuerte para esquivar el pago. Con el correr de los meses, la maniobra sumó la adhesión y apoyo de los gobiernos de Paraguay y Brasil; hasta que el tema pasó a formar parte de la agenda diplomática de reclamos a resolver en el CIH y en los organismos regionales de transporte del Mercosur.

De acuerdo con los números que maneja la AGP, casi el 60% de las empresas que navegan por el tramo en conflicto están al día y no han presentado impugnaciones administrativas, ni planteos judiciales contra el cobro del peaje. El informe interno del período enero-julio indica que la facturación total ascendió a unos US$ 11 millones y que la suma cobrada por circular por la hidrovía fue de US$ 4 millones. También hay otros US$ 3,5 millones que se encuentran en etapas administrativas de acreditación, y otra suma similar que no ha sido pagada y que va camino a ser reclamada por la vía judicial.

Para bajar la tensión

El ruido generado por la paralización de la barcaza de combustibles dejó en un segundo plano una jugada que concretó la AGP en la última semana con el objetivo de descomprimir el conflicto y que contó con el visto bueno del Ministerio de Transporte y la Cancillería.

Para encarrilar las discusiones a nivel técnico y sacarlas del terreno político, el organismo portuario forzó la creación de una nueva “mesa de trabajo” con la Comisión Permanente de Transporte de la Cuenca del Plata (CPTCP), que agrupa a los armadores de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay.

Esa mesa técnica, que actuará bajo el paraguas de la Secretaría Ejecutiva del CIH, buscará replicar el mecanismo de participación y solución de diferencias que viene funcionando entre quienes desarrollan sus negocios y actividades en el trayecto principal de la hidrovía que va desde el puerto de Santa Fe hasta la salida al océano.

El acuerdo alcanzado prevé la puesta en marcha de un esquema de reuniones quincenales entre los equipos de profesionales y técnicos de ambos organismos. El primer encuentro quedó agendado para el 22 de setiembre en Buenos Aires, en medio de un escenario donde podrían sumarse nuevos fallos judiciales contra las navieras morosas que se resisten a pagar el peaje.

Nota Editada en LetraP