Por Antonio Rossi
Franco Mogetta, el funcionario designado por Javier Milei para conducir la Secretaría de Transporte, llegará desde Córdoba con la misión de encarar una serie de medidas de fondo para sacar adelante las privatizaciones prometidas por el presidente electo y poder normalizar las concesiones vencidas y con prórrogas precarias que dejará como herencia la administración saliente.
En el paquete de las cuestiones pendientes que deberá resolver el actual funcionario de Juan Schiaretti está el futuro de Aerolíneas Argentinas, la reprivatización de la hidrovía Paraná-Paraguay, las concesiones de los trenes privados de cargas y pasajeros que están pendientes y la reconfiguración del puerto de Buenos Aires.
A diferencia de YPF, que cuenta con un paraguas normativo que exige el visto bueno mayoritario del Congreso para la venta de acciones, en el caso de Aerolíneas Argentinas la ley de expropiación 26.466 de 2008 no prevé ningún obstáculo para que el nuevo Gobierno privatice o le “regale” la empresa al personal, como dijo Milei en alguna oportunidad.
El intento Máximo
A mediados de este año, Máximo Kirchner, líder de La Cámpora, intentó proteger a la aerolínea de bandera de una eventual privatización con un proyecto de ley que prohibía la transferencia accionaria sin la autorización previa de los dos tercios de la Cámara de Diputados y el Senado; pero tras las PASO, la iniciativa quedó estancada en la Comisión de Legislación General de la Cámara baja con chances escasas de prosperar.
Más allá de los anuncios iniciales de Milei, que anticipaban una rápida privatización, en los últimos días los planes de las nuevas autoridades parecieran inclinarse por un período de transición de un año donde el Estado aportaría una determinada cantidad de fondos para luego avanzar con la cesión de la empresa a los gremios del sector.
Hidrovía, decreto y disputas
En el caso de la hidrovía, Milei prácticamente no tendría trabas para disponer desde el inicio de su mandato la relicitación del dragado y balizamiento de la vía navegable troncal Paraná-Paraguay, que actualmente está bajo la órbita de la Administración General de Puertos (AGP). Lo habilita el decreto 949/2020 del gobierno de Alberto Fernández, todavía vigente; pero que nunca fue llevado a la práctica por las disputas internas del Frente de Todos.
Por presión del ala dura del kirchnerismo, a medidos de 2021, cuando expiró la operación privada de la empresa Hidrovía SA, la Casa Rosada decidió dejar el mantenimiento del corredor navegable a cargo de la AGP. Ésta procedió a subcontratar a las socias de la concesionaria saliente -Jan de Nul y Emepa- las obras de dragado y balizamiento.
Actualmente el organismo portuario estatal tiene una “concesión provisoria” de la hidrovía. Las autoridades que asumirán el 10 de diciembre pueden darla de baja en cualquier momento, para volver a privatizar la operación y mantenimiento de la vía navegable por donde se moviliza el 75% de las exportaciones agropecuarias y el mayor tráfico de contenedores del país.
Trenes de cargas y de pasajeros, a la espera
En lo que atañe a los trenes de cargas, Mogetta tendrá que definir si regulariza o vuelve a licitar las concesiones de Ferroexpreso Pampeano, la ferroviaria del grupo Techint; de Nuevo Central Argentino, controlada por el grupo empresarial de Aceitera General Deheza de la familia Urquía; y de Ferrosur Roca, manejada por cementera Loma Negra del grupo brasileño Camargo Correa.
Las tres concesionarias privadas tienen sus contratos vencidos y prorrogados de manera provisoria hasta fines de 2024. La administración saliente intentó, sin éxito, enmarcar el negocio de las cargas ferroviarias dentro del sistema “acceso abierto” que establece el marco regulatorio del sector. Ante ese traspié, las personas responsables de Transporte optaron por dejar la cuestión compleja de las ferroviarias privadas de cargas en modo stand by y transferirle la resolución del problema a la futura gestión.
Por el lado de los trenes de pasajeros, Mogetta deberá definir qué hace con las ampliaciones contractuales reiteradas y polémicas que consiguieron Metrovías, la operadora de la línea Urquiza controlada por el grupo Roggio; y Ferrovías, la concesionaria de la línea Belgrano Norte que maneja el grupo local Emepa.
Tras haber amagado en varias ocasiones con la posibilidad de que esas líneas metropolitanas volvieran a ser operadas por la ferroviaria estatal SOFSE; el ministro de Transporte, Diego Giuliano decidió en abril de este año extender por 18 meses las concesiones de Metrovías y Ferrovías.
Si Milei mantiene el anuncio de que va a volver a privatizar los trenes de pasajeros, estas dos concesiones tendrían prácticamente el camino despejado para seguir sobre rieles.
Puertos, prórrogas y beneficios
En el ámbito portuario, lo que está pendiente es la reconfiguración y nueva licitación de las terminales del puerto de la Ciudad de Buenos Aires. Hace apenas dos meses, la AGP decidió prorrogar las concesiones de dos terminales porteñas por cuatro años más; junto con la autorización para subir desde enero un 100% las tasas a las cargas que deben abonar las empresas importadoras y exportadoras.
Las concesionarias privadas que se beneficiaron con la medida tomada un mes antes de las elecciones generales de octubre son Terminales Río de la Plata (TRP), la operadora de las terminales 1, 2 y 3, que controla el holding estatal de Emiratos Árabes Dubai Ports Word, asociado con el grupo local Román; y APM Terminals, la administradora de la terminal 4 que pertenece al grupo danés Maersk.
Las prórrogas se extienden inicialmente hasta 2027. Si para ese año aún no están seleccionadas las nuevas operadoras, las concesionarias actuales podrán continuar operando y facturando sus servicios hasta 2030. En este caso, la nueva administración libertaria tendrá que definir si convalida este esquema u opta por otro modelo que concentre todo el manejo del puerto en manos de una sola operadora; como contemplaba la licitación que no pudo terminar la gestión de Mauricio Macri.
Nota Editada en LetraP
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