Por Antonio Rossi
Con casi cuatro meses de demora y tras la nota de LetraP que puso el tema sobre el tapete; el ministro de Economía, Luis Toto Caputo decidió ponerle fin a la polémica duplicación del seguro de viaje a los pasajeros de ómnibus de larga distancia que había impuesto la gestión massista en plena campaña electoral del año pasado.
Por medio de la resolución 775/24, el titular de Economía derogó la medida del ex ministerio de Transporte por la cual se implementó el cobro de una tasa adicional al seguro obligatorio de transporte de personas que ya tenían las empresas de ómnibus.
Pese a que contaba desde abril con el aval de las áreas jurídicas de Economía y de la Secretaría de Transporte para darlo de baja, Caputo dilató más de la cuenta la derogación del sobreseguro que, según las empresas del sector, tenía como principales beneficiarias a las firmas Protección, Rivadavia, Garantía y Argos, las mutuales de seguros que concentran las pólizas de viajes de larga distancia.
La anulación se da ahora en medio de la causa judicial por la contratación de seguros por parte del Estado que jaquea al expresidente Alberto Fernández y luego de que la diputada nacional, Patricia Vásquez (PRO-Buenos Aires) impulsara pedidos de acceso a la información pública sobre la validez y vigencia del cobro adicional a los pasajeros ante las autoridades de Transporte, la CNRT y la Superintendencia de Seguros de la Nación.
Para justificar la eliminación del doble seguro, Caputo se basó en el DNU 70/23 que autoriza al Gobierno a “disponer la más amplia desregulación del comercio, los servicios y la industria en todo el territorio nacional y dejar sin efecto todas las restricciones a la oferta de bienes y servicios, así como toda exigencia normativa que distorsione los precios de mercado, impida la libre iniciativa privada o evite la interacción espontánea de la oferta y de la demanda”.
La tasa adicional al seguro de transporte obligatorio que ya contaban las compañías de larga distancia entró en vigencia en setiembre de 2023 e implicó el pago de una suma fija de $ 250 por cada boleto emitido que les reportaba a las aseguradoras un ingreso anual del orden de los $ 7.500 millones.
Según los argumentos esgrimidos por los funcionarios de la anterior administración, el nuevo seguro resultaba necesario estaba destinado a mejorar los ingresos de las compañías aseguradoras porque estaban operando con números negativos y postergando los pagos de siniestros e indemnizaciones más allá de lo razonable.
La resolución que lo puso a rodar indicó que se trataba de “una ampliación del seguro de responsabilidad civil de personas transportadas, a fin de que cubra específicamente los riesgos de muerte e incapacidad por accidentes en los servicios de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por una suma inicial de hasta $ 7.000.000 por persona”.
Tal como informó LetraP, el 19 de abril pasado los directores generales de Asuntos Jurídicos de Economía, Luis Quinteros y de Transporte, Cristián Méndez emitieron un informe conjunto favorable para una inmediata eliminación del controvertido seguro.
Las conclusiones salientes de ese dictamen fueron que “corresponde derogar el seguro adicional para armonizar la reglamentación vigente al principio de desregulación previsto en el artículo 2° del DNU 70/23 y que dicha supresión no generará conflicto alguno al público usuario, toda vez que la obligación de la transportista de contratar los seguros de responsabilidad civil para amparar a los pasajeros y terceros no transportados surge con palmaria claridad del plexo normativo vigente”.
Fuente: Nota Editada en LetraP
