En medio de las acusaciones de “traidores” a los diputados nacionales que votaron en contra de la ley Ómnibus y el endurecimiento de las relaciones con los gobernadores que venían mostrando una posición más dialoguista con la Casa Rosada; el ministro de Economía, Luis Caputo generó un nuevo foco de conflicto con los mandatarios provinciales que tiene como eje los subsidios que la Nación destina a las líneas de colectivos del interior del país.
De manera sorpresiva y en línea con la amenaza de llevar adelante mayores ajustes para compensar las medidas fiscales que no obtuvieron el visto bueno del Congreso, Caputo anunció, por medio de un comunicado, que el gobierno nacional eliminará el “Fondo Compensador del Interior” que atiende el pago de las compensaciones tarifarias para los servicios provinciales y municipales de colectivos que operan fuera de la región del AMBA.
De acuerdo con la información oficial, a partir de ahora los subsidios a los pasajeros del interior se canalizarán a través de un descuento único del 55% solo para aquellos usuarios que reciban los beneficios del esquema de “Atributos Sociales” que contempla el sistema SUBE.
El Fondo Compensador del Interior se encarga de subsidiar el transporte automotor urbano y suburbano del interior con transferencias mensuales de la Nación para que los precios de los boletos no reflejen la totalidad de los costos operativos y salariales que se registran en cada provincia.
Por esa vía, las líneas de colectivos del interior recibieron—según el presupuesto del año pasado—un total de $ 102.000 millones. Pero, según las cuentas que manejan las provincias, la Nación les está debiendo $ 21.000 millones de los últimos dos meses que no fueron girados en tiempo y forma.
La movida de Caputo tomó por sorpresa al secretario de Transporte, Franco Mogetta, quien no estaba al tanto del anuncio que, entre los empresarios y especialistas del sector ha planteado varias dudas e interrogantes.
En primer lugar, el comunicado de Economía dejó entrever que la desaparición del “Fondo Compensador del Interior” no sería de manera inmediata sino “a partir del corriente año”. De este modo y más allá de la dureza que busca transmitir la administración mileísta, lo que habría hecho Caputo es plantear un recorte de máxima para que los gobernadores se sienten a negociar con la Nación otras compensaciones económicas y el apoyo a los proyectos legislativos del Gobierno.
En segundo lugar, para poder eliminar los subsidios a las líneas del interior, el Poder Ejecutivo tendría que sacar un decreto para dar de baja el artículo de la ley de Presupuesto 2023 –que ha sido prorrogado por Milei para este año—que establece la continuidad y la asignación de recursos para el Fondo Compensador.
SUBSIDIOS LIMITADOS
La tercera cuestión que genera ruido es que no todas las ciudades del interior están adheridas al sistema SUBE para que los usuarios con “atributos sociales” puedan acceder a la bonificación tarifaria del 55%.
Además del AMBA, hasta ahora la tarjeta SUBE funciona solo en 58 localidades del interior y no cubre todos los lugares del país que tienen líneas de colectivos.
Según los datos oficiales, de los 14 millones de boletos que se pagan diariamente con la tarjeta SUBE hay cerca de 5,5 millones de usuarios que abonan la tarifa social federal (TSF) con un descuento de 55%
A casi dos meses de haber asumido, el Gobierno aún no ha terminado de nombrar a los subsecretarios de Transporte, ni al titular del SUBE que debe acordar con las provincias y municipios la extensión del sistema a los lugares que todavía no se han sumado.
Creado en 2009 e implementado a partir de 2011, el sistema de la tarjeta SUBE está bajo la órbita del área de Transporte y es administrado por Nación Servicios que les cobra a las empresas transportistas una comisión administrativa del 7,5%.
El sistema SUBE contiene el régimen denominado “Tarifa Social Federal” (TSF), por el cual distintos grupos sociales acceden al beneficio de abonar solo el 55% del precio regulado del boleto. Entre los beneficiarios de esa bonificación -que se suma al subsidio general y masivo que se extiende a todos los pasajeros- se encuentran el personal de servicio doméstico, menores de 3 años, jubilados, pensionados, veteranos de Malvinas, discapacitados y acompañantes, policías, monotributistas sociales y las personas que perciben planes sociales y asignaciones por embarazos y AUH.
IMPACTO EN PROVINCIAS Y MUNICIPIOS
Si se concreta la amenaza de Caputo de cortar íntegramente los subsidios del Fondo Compensador; los gobernadores e intendentes tendrán que incrementar los aportes económicos propios que ya vienen transfiriendo a las empresas de colectivos de sus jurisdicciones o autorizar nuevos aumentos en los boletos para poder cubrir los giros que dejará de remitir la Nación.
A priori, las principales ciudades el interior que más sufrirían el impacto de la caída del Fondo Compensador serían Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mar del Plata, Salta, Mendoza y Bariloche.
Tanto el comunicado de Economía, como el vocero presidencial, Manuel Adorni destacaron que los anuncios “guardan coherencia con el Pacto Fiscal que la Nación y los gobernadores firmaron en 2017 y 2018, donde se comprometían a eliminar progresivamente los subsidios diferenciales para el AMBA y a que cada provincia defina las compensaciones tarifarias y/o subsidios para el transporte público de sus jurisdicciones”.
En cambio, para los mandatarios provinciales ese compromiso del Pacto Fiscal dejó de tener vigencia durante la administración de Mauricio Macri. Fue con la aprobación de la ley de Presupuesto de 2019 que dio origen al Fondo destinado a “compensar los desequilibrios financieros” derivados de la modificación del convenio de estabilidad del precio de gasoil que beneficiaba a las líneas del interior.
Fuente: iProfesional
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