Por Antonio Rossi
El “Plan de Contingencia y Previsión” destinado a evitar los cortes de luz en los picos de demanda veraniega que el Gobierno de Javier Milei aprobó el 1 de octubre vino con una sorpresa temporal inesperada que dejó, otra vez, malparado al relato oficial previo que había bajado la Secretaría de Energía, comandada por Eduardo Rodríguez Chirillo.
Inicialmente, solo iba contemplar el período estival diciembre 2024-marzo 2025. Pero ahora, por medio de la resolución 294/24 del área energética, la administración libertaria extendió el escenario crítico de abastecimiento y las medidas paliativas y emergencia hasta marzo de 2027.
De esta manera, lo que se había anunciado como un programa específico para solo un verano se transformó en “Plan de Contingencia Extra Large” que abarcará los próximos tres períodos estivales y los inviernos de 2025 y 2026.
Más allá de la duración, la letra chica del plan contingente dejó planteados otros datos llamativos e interrogantes sobre el alcance de las acciones en juego.
En primer lugar, los especialistas y empresarios consultados por LetraP, destacaron que, en los fundamentos de la resolución, el Gobierno reconoció un estado de situación del servicio eléctrico más complicado del que había admitido en las últimas semanas.
Según el análisis oficial, en materia de generación “la cobertura de la potencia requerida durante las últimas dos décadas se ha deteriorado por la insuficiente inversión en equipamiento. La disponibilidad efectiva del parque de generación –que tiene casos extremos de máquinas térmicas con antigüedades que van de 30 a 50 años—resulta insuficiente para cubrir las demandas pico de potencia sin recurrir a la importación de los países vecinos”.
Por el lado del sistema de transporte eléctrico, la evaluación oficial advirtió que “el 40% de las instalaciones agotaron su vida útil por no haber realizado la reposición de la capacidad funcional perdida, planteando un alto riesgo operativo que afecta a los usuarios y a la escasa oferta de generación existente con un alto grado de vulnerabilidad ante contingencias simples”.
En segundo lugar, en lo que respecta a la ampliación de la oferta de energía para poder mitigar los cortes en los días críticos, el “Plan de Contingencia” le otorga un rol preponderante a la Cammesa que va a contramano de la reducción de sus tareas que impulsa Rodríguez Chirillo con la rehabilitación de las reglas plenas de mercado y libre contratación entre generadoras y distribuidoras.
Junto con la importación de energía y potencia de los países limítrofes en los días y horas de elevada demanda, el Gobierno prevé implementar un régimen de “remuneración adicional, complementario y excepcional” que promueva la disponibilidad de todas centrales térmicas (antiguas y modernas) en los meses y horas críticas durante un período inicial de diciembre de 2024 a marzo de 2026 que podrá ser prorrogado por 12 meses adicionales hasta marzo de 2027. Las generadoras que se adhieran a ese esquema deberán garantizar el funcionamiento real y pleno de las usinas entre las 12 y 22 horas en los meses de calor y entre las 18 y 23 horas en los períodos invernales de junio a agosto.
En tercer lugar, las acciones definidas para las redes de transporte ponen en evidencia que, luego de 10 meses de gestión, recién ahora el Gobierno se ha dado cuenta de los problemas que se registran en ese eslabón del negocio eléctrico.
Además de salir a “propiciar nuevos instrumentos regulatorios para fomentar las inversiones en ampliaciones de los sistemas de transporte”; el Plan de Contingencia prevé que el ENRE identifique las obras de alta tensión y distribución troncal que fueron paralizadas por la motosierra mileísta “con el objetivo de crear mecanismos que permitan su puesta en servicio comercial en el menor plazo posible”.
El cuarto punto saliente del paquete de emergencia contempla una serie de medidas operativas que deberían encarar contrarreloj Edenor y Edesur. Cada una de las distribuidoras del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tendrá que poner en marcha un “Programa de Atención de Contingencias” que tiene cuatro ejes centrales: inversiones en mantenimiento preventivo para que la infraestructura existente opere a su máxima capacidad; instalación de Unidades de Generación Móvil (UGEM) propias o contratadas en las zonas más críticas; habilitación de un centro de atención telefónica que funcione de manera continua y la implementación de un “esquema de atención proactiva” hacia los usuarios con información suficiente sobre de las condiciones del servicio y la restitución del suministro en caso de cortes.
Otro elemento destacado del “Plan de Contingencia” consiste en el nuevo “mecanismo voluntario y remunerado” que tendrán los grandes clientes industriales que acepten reducir sus consumos en los días y horarios de mayor demanda. Cada MW contratado que dejen de consumir será compensado en dólares al costo de las usinas más caras.
La última arista relevante gira en torno a la creación del “Comité de Seguimiento de Implementación del Plan de Contingencia” que deberá monitorear y evaluar la ejecución de las medidas. Encabezado por la Subsecretaría de Energía Eléctrica que maneja el Contador Público, Damián Sanfilippo; el Comité exhibe dos datos curiosos: lo integran el ENRE y la Cammesa, que son los principales ejecutores y responsables del Plan y se estarían “autoevaluando y controlando” así mismos y no cuenta con ningún representante del ministro de Economía, Luis Toto Caputo, quien deberá abrir a billetera para afrontar los costos iniciales de las medidas de contingencia.
Nota Editada en LetraP
