Por Antonio Rossi
En medio de diferencias internas entre el ministro de Economía, Toto Caputo, y el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, el Gobierno volverá a prorrogar, por segunda vez en lo que va del año, el plazo para que retornen a la órbita estatal las primeras cuatro centrales hidroeléctricas del Comahue que habían sido privatizadas durante la gestión menemista.
Se trata de las usinas hidroeléctricas El Chocón-Arroyito, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila; cuyas concesiones finalizaron en agosto del año pasado, pero siguen a cargo de las operadoras privadas con prórrogas y autorizaciones transitorias.
Tras no haber podido avanzar a tiempo con la confección de los pliegos de bases y condiciones para volver a licitar el manejo de las represas, Chirillo tiene encaminada una resolución para abrir un nuevo “período de transición” por 60 días para que continúen las actuales concesionarias.
Plan libertario sin injerencia de las provincias
A diferencia del plan del ex ministro de Economía Sergio Massa para que las centrales pasaran a ser operadas por Enarsa con participación de los gobiernos de Neuquén y Río Negro, la administración libertaria blanqueó desde el primer momento la idea de volver a privatizar la operación y mantenimiento de las hidroeléctricas sin ninguna injerencia de las provincias patagónicas.
De hecho, los planteos y reclamos efectuados por las autoridades neuquinas y rionegrinas para quedarse con el manejo y la caja de las usinas no han sido tenidos en cuenta por los funcionarios de Javier Milei.
Esa postura coincide con la posición de la mayoría de los especialistas energéticos en el sentido de que las represas no pueden ser cedidas gratuitamente a esas provincias, porque fueron construidas por la Nación con recursos que aportaron todas las personas usuarias del servicio eléctrico del país mediante el pago de una tasa específica destinada al pago de las obras.
Toto Caputo vs. Eduardo Rodríguez Chirillo
Si bien en el máximo nivel gubernamental comparten el objetivo de volver a privatizar las usinas, desde hace unas semanas se vienen registrando diferencias internas entre Chirillo y Caputo acerca de cómo llevar adelante el proceso licitatorio.
Caputo, alineado con el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, no quiere que las centrales vuelvan ni un minuto a la esfera estatal. El ministro sostiene que se deben mantener con prórrogas a las actuales operadoras, mientras se llama a licitación y se adjudican a las nuevas concesionarias.
En cambio, Chirillo plantea que las usinas tienen que recalar primero en Enarsa para poder hacer un cierre técnico y contable con las operadoras salientes. Concluida esa tarea y sin reclamos pendientes, se lanzaría el nuevo proceso licitatorio para concesionar las represas por un período que oscilaría entre 20 y 25 años.
A mediados de enero, por medio de la resolución 2/24, Chirillo había pateado el retorno al Estado de El Chocón-Arroyito, Alicurá y Cerros Colorados hasta el 19 de marzo. En el caso del Piedra de Águila ese traspaso se extendió hasta el 28 de abril.
La reestatización de las hidroeléctricas, postergada
Ante el vencimiento de la prórroga fijada para las tres primeras usinas, ahora se vuelve a extender por dos meses el plazo de la reestatización.
Al igual que en la primera resolución, la empresa estatal Enarsa continuará actuando como "veedora" para todas las usinas y podrá "asistir a todas las asambleas y reuniones de directorio de cada concesionaria, examinar sus libros, archivos y documentación, solicitar informes a cualquiera de los órganos y gerencias de la sociedad, designar colaboradores y delegarles funciones y atribuciones y, en general, realizar todos los actos convenientes para el mejor desempeño de su cometido".
Las hidroeléctricas del Comahue se construyeron y entraron en operaciones entre 1972 y 1999. Se financiaron con créditos internacionales, avales del Tesoro Nacional y los recargos tarifarios que abonaron las personas usuarias del servicio eléctrico para alimentar las cuentas del Fondo Energético El Chocón-Cerros Colorados y del Fondo de Grandes Obras Hidroeléctricas.
Durante el gobierno de Carlos Menem, las centrales fueron concesionadas por 30 años a empresas privadas que actualmente están en manos de dos grupos extranjeros y dos compañías locales que también tallan en otras áreas del negocio energético.
En el caso de El Chocón-Arroyito, el 59% de las acciones está en poder del grupo italiano ENEL, el principal accionista de Edesur. En la central Alicurá, la sociedad controlante es el grupo estadounidense AES. Cerros Colorados perteneció hasta mediados de diciembre a la firma de inversiones Orazul, integrada por antiguos ejecutivos de Morgan Stanley, cuando pasó a manos de la empresa local Aconcagua Energía. En tanto, Piedra del Águila es manejada por Sadesa, la dueña de Central Puerto.
Nota Editada en LetraP
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