Por Antonio Rossi
Tras haber dispuesto tres prórrogas provisorias, el gobierno de Javier Milei decidió encarar la finalización de las concesiones privadas de las hidroeléctricas del Comahue con la receta del exministro de Economía Sergio Massa de crear una empresa estatal para recibirlas temporalmente, pero ahora multiplicada por cuatro.
Para afrontar la reversión al Estado de las generadoras de El Chocón, Cerros Colorados, Alicurá y Piedra del Águila que fueron privatizadas durante la era menemista; el funcionario de la gestión de Alberto Fernández impulsó la creación de una nueva empresa estatal que, bajo el paraguas de Enarsa, se iba a hacer cargo transitoriamente de las usinas para luego volver a concesionarlas a manos privadas.
En el proyecto fallido del Presupuesto 2024, Massa propuso la conformación de Energías Hidroeléctricas S.A.U. para que asuma las tareas de administración, operación y explotación de las represas patagónicas que deben regresar órbita estatal.
Tras haber cuestionado esa receta massista, ahora la administración mileísta resolvió implementar un esquema muy similar que, en lugar de una sola empresa, se basa en el armado de nuevas sociedades controladas por Enarsa para cada una de las represas que estarán apenas unos meses bajo el organigrama estatal mientras se lleva adelante la reprivatización.
Empresas estatales de Javier Milei
Esta semana quedaron formalmente constituidas las primeras cuatro empresas estatales para las represas cuyas concesiones expiran entre agosto y diciembre. Se trata de Chocón Hidroeléctrica SA, Alicurá Hidroelétrica SA, Cerros Colorados Hidroeléctrica SA y Piedra del Águila Hidroeléctrica SA.
En los cuatro casos, Enarsa figura como la titular de la mayoría de las acciones A y B, acompañada por Nucloeléctrica Argentina SA (NASA) como tenedora de las acciones minoritarias clase C.
El capital de cada empresa fue establecido en $30 millones “representado por 30.000.000 de acciones escriturales ordinarias de $1 valor nominal cada una y con derecho a un voto por acción, de las cuales 15.300.000 son clase A; 14.100.000 son clase B y 600.000, clase C”.
Al frente del manejo de cada una de ellas quedaron las actuales autoridades de Enarsa: Juan Carlos Doncel Jones (presidente), Rigoberto Mejía (vicepresidente) y Alberto Devoto (director titular).
Las escrituras de las cuatro sociedades establecen que pueden “realizar todo tipo de desarrollo, soporte, asesoramiento, operación y mantenimiento de las actividades relacionadas con el sector hidroeléctrico, como así también todo tipo de servicios periféricos y complementarios del sector”.
También quedaron habilitadas para “tomar y otorgar préstamos, ya sea en el país como en el extranjero” y realizar “por sí misma, asociada a terceros o por cuentas de terceros, cualquier operación financiera y ejercer toda clase de mandatos, comisiones, consignaciones, agencias, representaciones y funciones fiduciarias”.
Cuatro sociedades, cuatro tareas
Las empresas tienen una duración estipulada de 40 años y un objeto social calcado que contempla cuatro tareas:
- Producir y comercializar energía eléctrica en bloque en el mercado mayorista.
- Planificar, desarrollar, ejecutar, explotar, operar y mantener todo tipo de obras y/o elementos complementarios del complejo de generación.
- Prestar servicios de asesoramiento, operación, mantenimiento y/o accesorios, a personas físicas o jurídicas que exploten complejos de generación de energía propios o de terceros.
- Realizar cualquier proyecto, estudio, asesoramiento, preparación de documentación licitatoria, dirección y/o inspección de obras para eficientizar, complementar u optimizar el complejo hidroeléctrico para sí o para terceros.
Nuevas concesionarias libertarias
Con la denominación oficial de nuevas concesionarias, las sociedades estatales apuntan a replicar otra medida adoptada en su momento por la gestión albertista en el ámbito de la hidrovía.
Luego de haber sido designada en setiembre de 2021 como concesionaria estatal de la vía navegable, la Administración General de Puertos (AGP) decidió subcontratar para las obras de dragado y balizamiento a Jan de Nul y Emepa, dos empresas privadas que habían estado al frente de la concesión desde mediados de los 90.
Las hidroeléctricas estatales tienen en estudio tomar una medida similar y subcontratar como operadoras a las empresas que manejan actualmente las centrales, hasta que se lleven adelante las licitaciones para elegir a los nuevos concesionarios privados.
En el caso de El Chocón, el 59% está en poder del grupo italiano ENEL, el principal accionista de Edesur. En Alicurá, la sociedad controlante se encuentra en manos del grupo estadounidense AES.
Desde diciembre pasado, Cerros Colorados está a cargo de la local Aconcagua Energía; mientras que Piedra del Águila pertenece al grupo Sadesa, que tiene como accionistas a los empresarios Carlos Miguens y Guillermo Reca, a los hermanos Ruete Aguirre y a la familia Escasany.
Nota Editada en LetraP
