Por Antonio Rossi
Tras el cambio de mandos en la Jefatura de Gabinete que implicó la salida de Nicolás Posse y el desembarco de Guillermo Francos y tras varios meses sin novedades sobre el tema; el Gobierno de Javier Milei comenzó a dar las primeras señales sobre lo que piensa hacer con la concesión de la Hidrovía.
Elaborado por el subsecretario de Puertos y Vías Navegables, Iñaki Arreseygor—exfuncionario macrista del gobierno porteño y de la gestión bonaerense de maría Eugenia Vidal--; la administración mileísta tiene en las gateras un nuevo DNU que contiene cinco cambios claves vinculados con el futuro del corredor fluvial por donde se movilizan casi el 80% de las exportaciones agropecuarias y el 90% del tráfico de contenedores del país.
El primer punto saliente del DNU –al que tuvo acceso LetraP y que saldría a la calle en los próximos días—procede a dejar sin efecto el DNU 949/20 del gobierno de Alberto Fernández que había dispuesto el llamado a una licitación internacional para volver a concesionar, bajo el régimen de peaje y sin aportes del Estado, las obras de dragado y balizamiento de la hidrovía a un nuevo y único operador privado.
Si bien mantiene el sistema privado de riesgo empresario con cobro de peaje y sin aval estatal, el segundo punto del DNU ordena “la sustentación de un nuevo procedimiento licitatorio para adjudicar las obras y el mantenimiento del dragado y la señalización de la vía navegable troncal”. A diferencia de la licitación que no pudo llevar adelante el gobierno anterior, el modelo libertario contempla que la posibilidad de convocar “a más de un procedimiento de selección y dividir los contratos en tantos tramos o actividades como resulte técnicamente conveniente”.
En tercer lugar, el nuevo marco legal que impulsa la administración libertaria prevé delegar en la Subsecretaria de Puertos y Vías Navegables (SPVN) la facultad para realizar la licitación y adjudicación tanto de la traza principal que va desde la zona d de Confluencia hasta la salida oceánica, como de otros tramos menores y complementarios de la hidrovía.
El cuarto punto, que promete generar ruido con las siete provincias ribereñas, determina sin vueltas el cierre y supresión del “Ente Nacional de Control y Gestión de la Vía Navegable” (Ecovina), el órgano regulador creado en 2021 que está integrado por 15 miembros designados por la Nación y los gobiernos provinciales.
El Ecovina se alimenta del 0,5% de los ingresos por peajes que recibe actualmente la Administración General de Puertos (AGP), que tiene a su cargo la concesión transitoria de la hidrovía con la subcontratación del dragado y balizamiento a empresas privadas. Con su sede operativa montada Rosario, el ente que va camino a desaparecer tiene entre sus principales tareas el control de los contratistas de la hidrovía y la confección de los pliegos de bases y condiciones de la licitación albertista que debía extenderse hasta 2037. Ahora, los nuevos pliegos quedarán a cargo de la AGP.
El argumento oficial para eliminar el Ecovina y traspasar las tareas de control a la SPVN se basa en que “a los fines de armonizar las competencias administrativas asignadas a los órganos de Gobierno y con el objeto de evitar interpretaciones equívocas, resulta necesario derogar el decreto 556/2021, a los efectos de evitar la innecesaria intervención estatal sobre aquellas cuestiones ya atendidas por distintas dependencias, dado que así se brindará un adecuado tratamiento al erario público en lo que hace a la organización administrativa”.
El quinto y último punto relevante del DNU golpea de frente a los gremios del sector al declarar como “servicio público a todas las actividades inherentes a la navegabilidad de la Vía Navegable Troncal y demás vías navegables de la República Argentina”.
Según la visión libertaria, la medida se enmarca en el megadecreto desregulador 70/23 y apunta a “evitar paralizaciones y medidas de acción directa por parte de los sindicatos de dragado, balizamiento, amarre, estiba y remolque de buques que desarrollan actividades consideradas como esenciales”.
Hasta que concluya el nuevo proceso licitatorio que la gestión mileísta prevé llevar adelante para volver a transferir a manos privadas la hidrovía, la concesión del dragado y balizamiento y el cobro de los peajes a los barcos seguirán bajo la órbita de la AGP que conduce el abogado macrista y exapoderado del grupo Blaquier, Gastón Benvenuto.
Desde que se hizo cargo de la concesión de la hidrovía en setiembre de 2021, el organismo portuario tiene subcontratadas las tareas de dragado con Compañía Sud Americana –del grupo belga Jan de Nul—y el balizamiento con la firma local Emepa.
Con empresa de Jan de Nul rige una polémica contratación directa que se viene prorrogando periódicamente desde fines de 2021. En cambio, Emepa se quedó con el señalamiento y mantenimiento de boyas tras haber ganado una licitación con la oferta más baja.
Más allá de los cambios que dispararía la aprobación del DNU, las empresas y exportadoras que conforman el “Círculo Rojo” de la Hidrovía siguen con preocupación otra medida significativa que estaría analizando la administración libertaria: un aumento de entre 25% y 30% en las tarifas de los peajes para poder subsanar el déficit operativo que arrastra la AGP.
Nota Editada en LetraP
