Por Antonio Rossi
De manera sorpresiva y a solo 13 días de haber llamado a audiencia pública para tratar los aumentos y los nuevos cuadros tarifarios que iban regir entre 2025 y 2029; la administración de Javier Milei decidió congelar hasta nuevo aviso la "Revisión Quinquenal de Tarifas (RQT) de las transportistas de energía eléctrica.
Más allá de sumar una nueva desprolijidad administrativa, la medida que dio de baja el procedimiento en curso para aprobar las RQT de las operadoras de las redes de transmisión puso de manifiesto que ahora la apuesta del Gobierno es "anclar" las tarifas del servicio eléctrico con fin seguir bajando la inflación.
Aunque todavía no ha sido reconocido oficialmente, esta movida que afecta a las transportistas eléctricas también se extenderá a Edenor y Edesur, cuyas RQT que estaban en las gateras quedarían postergadas y sin una fecha cierta de implementación.
Se espera que suceda lo mismo en el sector gasífero, donde las revisiones tarifarias en juego para las distribuidoras (Metrogas, Naturgy, Gasnor, Gasnea, Gas Cuyana, Gas del Centro, Camuzzi Pampeana, Camuzzi Sur y Litoral Gas) y transportadoras (TGN y TGS) tendrían un destino similar y se verían relegadas hasta algún momento del próximo año.
Revisión de tarifarias: queda sin efecto la audiencia pública
Por medio de la resolución 743/24, el Ente Nacional de Regulador de la Electricidad (ENRE) resolvió dejar sin efecto la audiencia pública que había convocado para el día 5 de noviembre.
Para justificar el cambio de rumbo, el organismo de control argumentó que "teniendo en cuenta la positiva reacción de la economía a las acciones implementadas por el Ministerio de Economía y la notoria desaceleración inflacionaria verificada a la fecha, resulta razonable y prudente postergar la realización de la audiencia pública hasta la fecha que oportunamente se determine".
La audiencia ahora cancelada había sido fijada a través de la resolución 705/24 del 2 de octubre pasado y tenía como objeto "poner en conocimiento y escuchar opiniones respecto de las propuestas tarifarias presentadas por las empresas concesionarias del servicio público de transporte de energía eléctrica para el próximo período quinquenal".
En esa audiencia, las empresas Transener, Transba, Transnoa, Transnea, Transpa, Distrocuyo, Transcomahue y Epen debían presentar los planes de inversión, los costos operativos y las tarifas requeridas desde enero de 2025 hasta diciembre de 2029. Luego de esa instancia, la intervención del ENRE que encabeza Darío Arrué tenía que aprobar los nuevos cuadros tarifarios y los mecanismos de actualización previstos para ese período quinquenal.
Qué pasará con las obras y los niveles de calidad esperados para la prestación del servicio eléctrico
En las RQT que quedaron suspendidas se iban a definir las obras y los niveles de calidad esperados para la prestación del servicio eléctrico, junto con la determinación de los costos asociados a la operación, mantenimiento y la concreción de las inversiones establecidas como obligatorias.
El camino de preparación de las RQT de las transportistas eléctricas había arrancado a mediados de abril pasado, cuando el ENRE sacó a la calle la resolución 223/24 que fijó los "criterios y metodologías" que a utilizar durante el proceso de elaboración y aprobación de las revisiones contractuales.
Según esa normativa, las empresas tenían que confeccionar los planes de inversiones obligatorios para los próximos cinco años, "desagregando los montos destinados para reposición, para alcanzar la calidad objetivo y para la seguridad pública y ambiental".
Además, debían "estimar los costos de operación, administración y mantenimiento estrictamente necesarios para proveer el servicio al mínimo costo compatible con un nivel determinado de calidad de la prestación".
Las transportistas eléctricas también tenían que determinar el nivel de sus remuneraciones "utilizando el método de flujos de fondos descontado de forma de cumplir con la condición de equilibrio y tomando en cuenta el capital inicial, los ingresos requeridos, los costos operativos, las inversiones y los impuestos". Las remuneraciones solicitadas debían "reflejar el costo económico de los recursos involucrados en la función de transporte y estar en línea con la sostenibilidad y la eficiencia productiva".
Según los parámetros que había establecido el ENRE, los aumentos y los nuevos cuadros tarifarios iban a proveer a las transportistas "la oportunidad de obtener ingresos suficientes para satisfacer los costos operativos razonables aplicables al servicio, impuestos, amortizaciones y una tasa de rentabilidad que guarde relación con el grado de eficiencia y eficacia operativa de la empresa y que sea equiparable a la de otras actividades de riesgo similar".
Con la RQT congelada, ahora los únicos aumentos que recibirían las empresas eléctricas son los correspondientes a las actualizaciones mensuales que toman en cuenta la inflación minorista, el índice de precios mayoristas y las mejoras salariales concedidas a los trabajadores del sector.
Fuente: iProfesional