Por Antonio Rossi
Con el desembarco de Diego Chaher, el abogado mendocino y exgerente corporativo del Grupo Vila-Manzano, el gobierno de Javier Milei buscará encarrilar el saneamiento económico y la privatización de las empresas estatales, una de las principales banderas libertarias que hasta ahora no ha registrado avances significativos y permanece en medio de una nebulosa.
Del riñón del estratega presidencial Santiago Caputo y con buena relación con José Rolandi, el vicejefe de Gabinete que sobrevivió a la salida de Nicolás Posse y que ahora será su superior en el organigrama interno, Chaher pasará a comandar la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado que ocupaba Mauricio González Botto.
Tras haber estado al frente de la intervención de los medios públicos que ordenó el "cierre operativo” de la agencia Télam, ahora Chaher deberá encarar las tres medidas de fondo sobre los entes públicos y empresas estatales que habían sido anunciadas al inicio de la gestión mileísta y se encuentran demoradas.
Las tres tareas de Diego Chaher
La primera es la transformación de todas las compañías estatales, que están bajo distintas figuras jurídicas, en sociedades anónimas. Este trámite permanece virtualmente frenado y hasta el momento ninguna de las empresas afectadas ha cambiado su estatus societario.
La segunda cuestión es la vinculada con las reestructuraciones de las empresas que involucran el ajuste interno, la reducción de empleados, el recorte de las asistencias económicas y el equilibrio de las cuentas mediante la eliminación de los déficits operativos.
En este campo hubo cambios a medias. Por el lado laboral, se dieron de baja a casi todas las personas contratadas y a las que estaban con sanciones internas y procesadas por la Justicia, pero los programas de retiros voluntarios tuvieron una mínima aceptación por la decisión del ministro Toto Caputo de no abrir la billetera para hacerlos más atractivos.
En cuanto a las transferencias del Tesoro, las empresas estatales tuvieron que arreglarse con un nivel de recursos que, en términos reales, fue más bajo que los giros recibidos el año pasado. Si bien todas las compañías pusieron en marcha medidas de ajustes internos para reducir pérdidas y, en algunos casos, alcanzar un equilibrio operativo en los primeros meses de 2025, nadie garantiza que esos objetivos se puedan lograr en el actual escenario de recesión, alza del desempleo y caída del consumo.
La tercera tarea asignada a la secretaría que piloteará Chaher es la puesta en marcha de los procesos de privatización de la mayoría de las empresas y servicios que están bajo la órbita estatal.
Las privatizaciones de Javier Milei, frenadas
Si bien el argumento oficial es que están esperando la aprobación de la ley ómnibus para comenzar a delinear una estrategia, lo cierto es que con las normas vigentes la administración mileísta ya podría haber puesto prendido la maquinaria para privatizar varias empresas y concesiones que tienen sus contratos vencidos y siguen funcionando con prórrogas y permisos precarios.
En esa situación se encuentra el dragado y balizamiento de la hidrovía, cuya licitación internacional bajo el régimen de peaje fue ordenada por un DNU de Alberto Fernández que sigue vigente.
Otro caso similar se registra con las concesiones de las ferroviarias de cargas Pampeano, Ferrosur y NCA que expiran en las próximas semanas y van camino a ser prorrogadas en lugar de haber llamado a nuevas licitaciones. También figuran entre las que podría ser privatizadas sin muchas vueltas las líneas metropolitanas de trenes Belgrano Norte y Urquiza, que acumulan cuatro prórrogas precarias consecutivas; la terminal de ómnibus de Retiro y las hidroeléctricas Chocón-Arroyito, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila, cuyos contratos de concesión expiran entre agosto y diciembre.
Por su parte, la ley Bases, que el Senado se apresta a tratar la próxima semana, establece un primer lote de cuatro empresas que pueden pasar íntegramente a manos privadas: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina (Enarsa), Radio y Televisión Argentina e Intercargo, la operadora de servicios aeroportuarios.
A ellas se agregan cinco compañías que pueden ser vendidas de forma parcial o entregadas en concesión: Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Correo Argentino, Belgrano Cargas y Logística (BCYL), Corredores Viales y la operadora de trenes metropolitanos SOFSE.
Completan las empresas “sujetas a privatización” Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT), que solo pueden cambiar de manos por un programa de propiedad participada o con la incorporación de capitales privados, pero bajo el control mayoritario del Estado.
El holding estatal de Chaher
Más allá de lo que pueda hacer con las privatizaciones, Chaher heredará de la gestión de Posse-González Botto un amplio andamiaje legal que le permitirá tener la última palabra en la designación de autoridades y directorios y un poder de monitoreo y veto sobre los movimientos económicos y planes de inversiones de las compañías y entes estatales.
La lista de las principales empresas y sociedades estatales que quedarán bajo el control de Chaher está integrada por Aerolíneas, Correo Argentino, ARSAT, Ferrocarriles Argentinos (FASE), Operadora Ferroviaria (SOFSE), la Administración de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), Decahf, Belgrano Cargas, Playas Ferroviarias, AGP, EANA, Intercargo, AySA, ERAS, Acumar, Corredores Viales y el Instituto Argentino del Transporte.
A ese bloque se agregan la Unidad Ejecutora del Soterramiento Línea Sarmiento, el Instituto Nacional de Prevención Sísmica, la Junta de Seguridad en el Transporte, el Ecovina, ANAC, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte (CNRT), la Agencia Nacional de Seguridad Vial, el ORSNA, Vialidad Nacional, el Enohsa; el ORSEP, el Instituto Nacional del Agua (INA), Enarsa, Cammesa, el Ente Regulador Eléctrico (ENRE) y el Enargas.
Nota Editada en LetraP
