Por Antonio Rossi
Como ha ocurrido con varias medidas que el Gobierno del presidente Javier Milei lanzó al ruedo de manera intempestiva y sin reparar en los pasos previos que se requieren para su implementación, la desaparición de los subsidios nacionales a los colectivos del interior que anunció el ministro de Economía, Toto Caputo, exhibe varios puntos débiles y complicaciones operativas que podrían volverse en contra de la Casa Rosada.
A modo de castigo por la caída del proyecto de ley ómnibus que la administración mileísta atribuyó al accionar de legisladores y gobernadores que hasta último momento eran considerados más afines y dialoguistas, Caputo comunicó el jueves pasado que el Gobierno resolvió utilizar la “motosierra” para eliminar el “Fondo Compensador del Interior”, con el cual se venían pagando los subsidios tarifarios destinados a cubrir los déficits operativos de las líneas provinciales y municipales de colectivos que operan fuera de la región del AMBA.
Según el comunicado de prensa de Economía que dio a conocer la medida, a partir de ahora los subsidios para el interior se canalizarán directamente a los pasajeros a través de un descuento único del 55% sólo para aquellos que hayan logrado acceder a la tarifa bonificada por “atributos sociales” que contempla el sistema SUBE.
Si bien el monto del Fondo Compensador que llegó a las provincias en 2023 representa a valores actuales solo US$ 100 millones, para los gobernadores e intendentes del interior la pérdida de esos recursos no solo les genera un problema que deberán atender con fondos propios o con la aprobación de más aumentos en los boletos. También representa un duro golpe a las esperanzas que tenían puestas en una redistribución más equilibrada de los subsidios nacionales entre el interior y el AMBA que había prometido cuando asumió en diciembre el hasta ahora secretario de Transporte y ex coordinador del Comité Federal del Transporte (Cofetra), Franco Mogetta.
Mientras las autoridades provinciales y municipales se alistan para resistir el recorte de fondos anunciado por Caputo, empresarios y especialistas del sector consultados por Letra P pusieron sobre el tapete los siguientes obstáculos y dudas que recaen la medida.
En primer lugar, apuntan que para poder dar por caídos los subsidios a las líneas del interior, el Gobierno tendría que emitir un decreto para dar de baja el artículo de la ley de Presupuesto 2023 –el cual ha sido prorrogado por Milei para este año—que establece la continuidad y la asignación de recursos para el Fondo Compensador. Curiosamente, el nacimiento del Fondo se dio durante la gestión de Mauricio Macri. Fue mediante la aprobación de la ley de Presupuesto 2019 que dispuso su creación para “compensar los desequilibrios financieros” derivados de la modificación del convenio de estabilidad del precio de gasoil que beneficiaba a las líneas del interior.
En segundo lugar, por más que elimine los subsidios a partir de ahora, la administración nacional igual debería abonarles a las provincias un total de $ 21.000 millones correspondientes a los giros de enero y febrero que atendieron con sus recursos ante la promesa de que lo recuperarían más adelante.
A ese desembolso podrían añadirse los pagos específicos que pudieran surgir de las demandas judiciales que prevén llevar adelante la mayoría de los gobernadores e intendentes afectados por la cancelación de los subsidios.
El tercer punto saliente es que aún queda una gran cantidad de ciudades del interior que no están adheridas al sistema SUBE, lo cual impide a los usuarios con “atributos sociales” poder acceder a la bonificación tarifaria nacional del 55%.
Hasta ahora, la tarjeta SUBE funciona en el AMBA y en 60 localidades del interior. Entre los lugares que faltan incorporarse al sistema se encuentran la capital de Córdoba y todas las localidades de Tucumán, Salta, Misiones y La Rioja.
De acuerdo con los últimos datos oficiales, de 14 millones de boletos que se pagan diariamente con la tarjeta SUBE, alrededor de 5,5 millones corresponden a usuarios que abonan la tarifa social federal (TSF) con un descuento de 55%.
En tanto, el cuarto escollo que aparece en el camino es el desorden y la incertidumbre que se registra en el área de Infraestructura y Transporte. Guillermo Ferrraro, que asumió en diciembre como ministro, recién presentó su renuncia el viernes, tres semanas después de haber sido despedido por las redes sociales de la Casa Rosada. Pese a que en la práctica es el que viene tomando las medidas de fondo del sector, Caputo aún no tiene transferidas legalmente las funciones y atribuciones de Transporte.
A su vez, el secretario Mogetta está en la cuerda floja por provenir del “cordobesismo” que, según Milei, ha traicionado al Gobierno. A eso se agrega que todavía no han sido nombrados los subsecretarios de Transporte, ni el titular del SUBE que debe acordar con las provincias y municipios la extensión del sistema a los lugares que no se han sumado.
Además, si todas las ciudades que faltan decidieran adherirse ahora, la administración del SUBE no tendría fondos disponibles para invertir en la compra de las 5.000 máquinas validadoras que se necesitan y que cuestan US$ 4.500 cada una.
Nota Editada en LetraP
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