Por Antonio Rossi
Si bien el texto aprobado por la Cámara de Diputados habilita a privatizar parcial o totalmente a 11 de las 41 empresas que figuraban en el primer proyecto rechazado; la letra chica de la ley ómnibus, de ser sancionada, le permite al gobierno de Javier Milei hacer una reconfiguración operativa profunda de las compañías estatales y entes públicos.
Por más que no aparecen expresamente citadas en el articulado del proyecto de ley que deberá debatir el Senado, existen al menos 13 casos de empresas y concesiones vencidas que están a un movimiento de ser privatizadas cuando la administración libertaria active la maquinaria de venta y desvinculación estatal.
La ley ómnibus XS que salió de la cámara baja establece un primer lote de cuatro empresas que pueden pasar íntegramente a manos privadas: Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina ( Enarsa), Radio y Televisión Argentina e Intercargo, la operadora de servicios aeroportuarios.
El segundo bloque de cinco compañías que pueden ser vendidas de forma parcial o entregadas en concesión son Agua y Saneamientos Argentinos (AySA), Correo Argentino, Belgrano Cargas y Logística (BCYL), Corredores Viales y la operadora de trenes metropolitanos SOFSE.
Otras dos y la baja del Banco Nación
El listado de las empresas “sujetas a privatización” lo cierran Nucleoeléctrica Argentina (NASA) y Yacimientos Carboníferos Rio Turbio (YCRT) que, a diferencia de las anteriores, solo pueden cambiar de manos por medio de un programa de propiedad participada o con la incorporación de capitales privados, pero siempre bajo el control mayoritario del Estado.
Además, en el caso de NASA quedó especificado que se requerirá el voto afirmativo del Estado para “ampliar y sacar de servicio temporal una central nuclear, crear una nueva usina e incorporar más accionistas”.
Aunque tuvo que ser retirado de la grilla inicial para no trabar la aprobación en la Cámara de Diputados, la administración libertaria mantiene en pie sus intenciones de privatizar el Banco Nación y sus seis empresas subsidiarias cuando el contexto político y normativo le sea más favorable.
Medidas de reconfiguración operativa
En cuanto a las empresas estatales y organismos públicos que integraban el paquete a privatizar de la primera versión de la mega ley ómnibus, el Gobierno quedó facultado para adoptar una serie de medidas destinadas a “la modificación o eliminación de sus competencias, funciones o responsabilidades operativas”.
También podrá encarar acciones orientadas a “la reorganización, modificación o transformación de sus estructuras jurídicas, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos”.
Al margen de los alcances de esas facultades extraordinarias, quedan las universidades nacionales y los organismos que dependan de los poderes Judicial y Legislativo y del Ministerio Público.
Mientras dure el período de declaración de emergencia de un año, el Poder Ejecutivo podrá nombrar interventores para que se hagan cargo de la dirección y administración de los organismos descentralizados, empresas y sociedades estatales.
Los organismos que no podrán disolverse, pero si restructurar, son el Conicet; la Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS); la Administración de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT); el Instituto de la Propiedad Industrial (INPI); el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA); el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom); la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE); la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA); la Comisión Nacional de Evaluación y Acreditación Universitaria (Coneau); la Comisión Nacional de Valores (CNV); el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai); la Unidad de Información Financiera (UIF); y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Contratos vencidos, otra puerta a la privatización
Pese a que no figuran en el texto de la ley ómnibus que irá al Senado, el gobierno de Milei podría activar en cualquier momento los trámites de privatización de unas 13 empresas y concesiones que tienen sus contratos vencidos y siguen funcionando con prórrogas y permisos precarios.
El caso más significativo involucra al dragado y balizamiento de la Hidrovía, cuya licitación internacional bajo el régimen de peaje fue ordenada por un DNU de Alberto Fernández que sigue vigente. En una situación similar están las tres concesiones de las ferroviarias de cargas -Ferroexpreso Pampeano, Ferrosur y NCA- cuyas prórrogas expiran a mediados de año.
En el área de los trenes de pasajeros, están para reprivatizar las concesiones de las líneas Belgrano Norte y Urquiza, que ya acumulan cuatro prórrogas precarias consecutivas.
En el caso del puerto de Buenos Aires, las dos terminales privadas -TRP y APM- tienen sus concesiones extendidas, pero de manera provisoria. En una situación similar se encuentra la concesión de la terminal de Ómnibus de Retiro. Completan el paquete de empresas que podrían ser rápidamente privatizadas, las usinas hidroeléctricas del Comahue, cuyos contratos expiran entre agosto y diciembre: Chocón-Arroyito, Alicurá, Cerros Colorados y Piedra del Águila.
Para concretar la transferencia a manos privadas, la ley establece cuatro posibles modalidades: licitación pública, concurso público, remate y venta accionaria en la Bolsa local o en mercados extranjeros.
A la hora de definir al ganador, quienes estén al frente del proceso privatizador tendrán que inclinarse por la “oferta más conveniente”; que no será la de mejor precio, sino la que “aporte el mayor beneficio para los intereses públicos y la comunidad”.
Nota Editada en LetraP
