Por Antonio Rossi
A contramano de los cuestionamientos e impugnaciones que cosechó de diversas entidades profesionales y sociales por sus posiciones conservadoras en cuestiones como el aborto y los derechos humanos, la nominación del académico Manuel García-Mansilla para integrar la Corte Suprema de Justicia fue recibida de manera auspiciosa entre los principales jugadores del sector energético.
El decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, que Javier Milei propuso para sumarse al máximo tribunal junto con el polémico juez federal Ariel Lijo, ostenta entre sus antecedentes profesionales una prolongada prestación de servicios a las empresas más relevantes del negocio petrolero y gasífero.
Manuel García-Mansilla, una carrera del lado empresario
Nacido el 6 de mayo de 1970 en la ciudad de Bariloche, García-Mansilla, casado y padre de tres hijos, se gradúo en la Universidad Austral e inició su actividad como abogado a partir de 1996.
Según su CV, en el segundo semestre de 1997 se incorporó al estudio Marval, O’Farrell y Mairal, uno de los principales bufetes de abogados del ámbito local que tiene como clientes a la mayoría de las empresas privatizadas y compañías hidrocarburíferas.
Al frente del departamento de Derecho Público de ese estudio, García-Mansilla participó en la preparación de demandas ante la Corte contra dos provincias por regalías mineras y en un par de planteos de inconstitucionalidad contra las administraciones provinciales de Buenos Aires y Tierra del Fuego por cuestiones relativas a la reglamentación del comercio interior.
Entre 2005 y 2006, estuvo a cargo de la gerencia legal de la petrolera Vintage Oil, donde llevó adelante la negociación y firma de convenios relacionados con la adquisición de distintas áreas de explotación y exploración de hidrocarburos.
Luego pasó a trabajar hasta mediados de 2010 en la petrolera Oxi Argentina como asesor legal en temas regulatorios, de medio ambiente y comercialización de contratos. Integró el equipo de tres profesionales que negoció la extensión de 15 concesiones de explotación de hidrocarburos en la provincia de Santa Cruz con un compromiso de inversión superior a los US$ 3.000 millones en un plazo de 20 años.
El link con Domingo Cavallo
A partir de 2010 y durante cuatro años, García-Mansilla trabajó en el estudio Liendo & Asociados; fundado por Horacio Liendo, uno de los principales laderos de Domingo Cavallo que intervino en la elaboración y ejecución del plan de convertibilidad en la gestión menemista de la década del 90. Su actividad en ese estudio se focalizó en el asesoramiento y presentación de ofertas para las petroleras privadas que compitieron en las licitaciones de áreas provinciales de hidrocarburos.
A partir de 2014 y hasta junio de este año, García-Mansilla ocupó el cargo de director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH), la entidad del sector que agrupa a las petroleras y productoras de gas más emblemática del país.
Desde ese puesto manejó la administración y funcionamiento de la cámara que desde junio de 2023 preside el ex ceo de Tecpetrol, la petrolera del grupo Techint, Carlos Ormaechea.
Una carta para Toto Caputo
Una de sus últimas acciones en la entidad fue la elaboración de la carta que Ormaechea remitió al ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y al secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, rechazando el pago de las deudas de la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) a los generadores eléctricos y productores de gas con bonos del Tesoro que vencen en 2038.
En esa nota redactada por García Mansilla, la CEPH advirtió que la medida del Gobierno dañaba “el derecho constitucional de propiedad de los productores y los términos contractuales celebrados al amparo de procesos licitatorios públicos”. Planteó, además, que la alteración en la forma de pago iba a “afectar la seguridad jurídica, generar incertidumbre a futuro respecto de la estabilidad de reglas y constituir un precedente que desalentará nuevas inversiones”.
Nota Editada en LetraP
