Por Antonio Rossi
A la hora de delinear mecanismos orientados a la llegada de capitales para la ejecución de obras y proyectos productivos y de servicios, el gobierno de Javier Milei consiguió que la Cámara de Diputados aprobara el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) propuesto en la ley ómnibus XS y que va un paso más allá del que intentó otorgar la gestión de Alberto Fernández.
En sus cuatro años al frente de la Casa Rosada, Fernández remitió al Congreso tres proyectos de ley de promoción de inversiones en el ámbito energético que nunca llegaron a ser tratados en el recinto.
Las disputas internas en la coalición gobernante y la falta de un impulso político claro para sacarlos adelante dejaron en el camino los marcos legales que apuntaban a promover las inversiones prometidas por varias petroleras en el sector de hidrocarburos.
Entre las iniciativas que quedaron postergadas, figuran la de YPF y el grupo malayo Petronas en la industria del Gas Natural Licuado (GNL) y la de la compañía australiana Fortescue en la producción de hidrógeno de bajas emisiones de carbono.
La zanahoria de Javier Milei
Con minoría parlamentaria y a casi cinco meses de haber asumido, Milei se encamina a contar con una zanahoria para atraer capitales e inversores. El nuevo RIGI libertario ya pasó la instancia de la cámara baja y ahora buscará ser aprobado en el Senado.
El RIGI contiene un abanico amplio de beneficios fiscales, aduaneros y cambiarios y también una serie de medidas destinadas a redoblar la garantía estatal de los incentivos ofrecidos a los inversores. Será aplicable por dos años y prorrogable por un año más.
Qué proyectos podrán acceder a los beneficios
A diferencia de la primera redacción que especificaba el alcance a los sectores de agroindustria, infraestructura, forestal, minería, gas y petróleo, energía y tecnología; el nuevo texto establece que será "aplicable a las grandes inversiones en proyectos de cualquier sector".
El RIGI cuenta con 12 capítulos que pretenden crear estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por 30 años y mayor competitividad para “proyectos de adquisición, producción, construcción y/o desarrollo de activos que involucren un monto de inversión igual o superior a u$s200 millones”.
A su vez, otorgará beneficios adicionales y garantías para los proyectos que posicionen a Argentina como nuevo proveedor de largo plazo en mercados globales y que involucren desembolsos de capital igual o superior a u$s1.000 millones. Estas iniciativas podrán ser calificadas como de “Exportación Estratégica de Largo Plazo”.
Ventajas impositivas, aduaneras y cambiarias
Entre las ventajas impositivas se encuentran una alícuota única del impuesto a las Ganancias del 25%; la actualización de quebrantos por IPC en Ganancias; tratamientos tributarios preferenciales para las utilidades y dividendos; la contabilización del 100% del impuesto a los Débitos y Créditos como pago a cuenta de Ganancias y la posibilidad de pagar el IVA a proveedores y a la AFIP con certificados de créditos fiscales.
En materia aduanera, los beneficios incluyen la exención de derechos de importación y tasa de estadística para el ingreso bienes de capital, repuestos y componentes destinados a los nuevos proyectos. A eso se añade la prohibición de restricciones a las exportaciones y la vía libre para que las compañías beneficiarias del RIGI lleven sus registros contables y estados financieros en dólares utilizando las normas internacionales de información financiera.
En el terreno de los incentivos cambiarios y comerciales, el RIGI establece que las empresas podrán disponer libremente del 20% de sus divisas por exportaciones transcurrido el primer año; del 40% después del segundo año; y del 100% a los tres años.
Además, las empresas "podrán importar y exportar libremente bienes para la construcción, operación y desarrollo del proyecto sin que puedan aplicárseles prohibiciones, ni restricciones directas y cuantitativas y cupos o cuotas cualitativas o de carácter económico".
Estabilidad a largo plazo
En todos los casos, los proyectos gozarán de estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria por un plazo de 30 años y "no podrán ser afectados ni por la derogación de la presente ley, ni por la creación de normativa tributaria, aduanera o cambiaria respectivamente más gravosa o restrictiva".
Para darle más tranquilidad a los inversores, el nuevo RIGI establece que el Estado Nacional se compromete a garantizarles a las empresas, entre otras, tres condiciones clave:
- La plena disponibilidad de lo producido sin obligación de comercialización en el mercado local y sin ningún tipo de traba para exportar.
- La libre disponibilidad de sus activos e inversiones, que no serán objeto de actos confiscatorios o expropiatorios.
- El derecho a pagar utilidades, dividendos e intereses mediante el acceso al mercado de cambios sin restricciones de ninguna clase y sin necesidad de conformidad oficial.
Más allá del apoyo de los empresarios locales que respaldan a Milei y de los gobernadores de provincias mineras, el RIGI enfrenta cuestionamientos fuertes del sector industrial y de servicios. Los planteos ponen el foco en la ausencia de incentivos para proveedores locales, la libre importación que daña las cadenas de valor, la no exigencia de generación de empleo y la falta de equidad fiscal con las grandes inversiones realizadas en los últimos años.
Nota Editada en LetraP
