Por Antonio Rossi
En medio de los cuestionamientos fuertes por el tarifazo del gas, el Gobierno salió a comunicar, por segunda vez en menos de cuatro meses, el fin del monopolio del sistema SUBE y la extensión de los medios de pago en el transporte público a otras tarjetas bancarias, billeteras virtuales y aplicaciones de celulares.
Pese a la falta de precisiones oficiales sobre los alcances de la medida, el nuevo esquema ampliado de pagos volvió a activar el lobby de dos sectores clave que buscan quedarse con la mayor parte del negocio: las entidades bancarias privadas y las empresas fintech.
La “universalización” de los medios de pagos para viajar en colectivos, subtes y trenes fue reinstalada en la agenda económica y mediática el último fin de semana, cuando la administración de Javier Milei volvió sobre un tema que ya había anunciado los primeros días de enero.
Las explicaciones del Gobierno
El vocero presidencial, Manuel Adorni, utilizó la conferencia de prensa de este lunes en la Casa Rosada para anunciar que el Gobierno tomó la decisión de "liberar el sistema de pago en el transporte público para que se pueda abonar con el teléfono o tarjetas de créditos”.
La medida, precisó el portavoz, “no significa solo una simplificación del servicio que se creó hace 15 años y sigue dependiendo de la carga en un kiosco, sino una federalización del sistema que beneficiará a una buena parte de los argentinos”.
Lo único concreto que anticipó el vocero fue que está en marcha un cambio normativo para suprimir la clausula del convenio marco entre el área de Transporte y el Banco Nación, que establece que la tarjeta SUBE es el único medio de pago para el transporte público de pasajeros.
Adorni no respondió, sin embargo, a partir de cuándo debutará el nuevo esquema, cómo se adaptarán las máquinas boleteras y qué pasará con los viajes combinados y las bonificaciones tarifarias que tienen las personas usuarias de bajos ingresos y grupos sociales vulnerables.
Tres problemas por resolver
Pese al ruido que provocó el anuncio, las entidades que agrupan a las empresas de transporte advirtieron que -según un informe que recibieron de especialistas informáticos- los cambios propuestos obligan a varias modificaciones normativas y a un acoplamiento operativo que llevaría, como mínimo, entre seis y ocho meses de implementación.
Los dueños de las líneas metropolitanas de colectivos y técnicos del sector coinciden en señalar que el nuevo sistema que propicia la gestión mileísta tiene al menos tres problemas relevantes que resolver.
El primero es quiénes y cómo van a afrontar las inversiones en los programas y dispositivos que demandará la ampliación del sistema de pagos. En segundo lugar, aparece la cuestión sensible de las comisiones que pretenden embolsar las empresas y operadoras de los medios de pagos que ingresen al negocio.
Actualmente Nación Servicios cobra una comisión total del 7% de la tarifa de cada viaje, correspondiendo 3% al costo operativo de la red de cargas del sistema y el 4% al servicio bancario de acreditación de fondos a las empresas de transporte en un plazo de 24 horas. Si bien las comisiones actuales de las tarjetas bancarias son marcadamente más bajas (entre 0,8% y 1,5%), los tiempos de pagos a los comercios no bajan de 15 días.
El tercer problema que deberá afrontar el Gobierno es cómo hará para garantizar y proteger el manejo de los datos privados sobre las modalidades, destinos de viajes y gastos mensuales de los pasajeros que en la actualidad están bajo la órbita estatal del sistema SUBE.
Un sistema integral y la pelea por el negocio
Asesores legales de las empresas transportistas consideran que el SUBE “es un sistema integral y no sólo un medio de pago, que contiene datos personales, información financiera y las distintas tarifas que pagan los usuarios"; por lo que advierten: "Una dispersión de los medios de pago podría implicar la migración y uso indebido de esos datos, vulnerando plenamente la privacidad de millones de usuarios”.
Más allá de los puntos flojos que presenta el proyecto oficial para “liberar” las formas de pago en el transporte, los bancos y las firmas que ofrecen soluciones financieras con plataformas tecnológicas no perdieron la ocasión para marcar la cancha y mostrarse como la mejor alternativa.
El presidente de la Asociación de Bancos Argentino (ADEBA), Javier Bolzico, destacó que “el sistema bancario cuenta con el desarrollo, recursos humanos y tecnologías para facilitar el pago del transporte público con tarjetas contacless y comunicación inalámbrica NFC”.
“La mayoría de las entidades bancarias competirán para ver quienes ofrecen mejor servicio y más beneficios. Sería un cambio muy importante respecto a la situación actual donde los usuarios no pueden elegir, no tienen un sistema sencillo para cargar la tarjeta, y tampoco la pueden adquirir con facilidad”, anticipó.
Las "fintech" también juegan
La Cámara Argentina Fintech calificó la iniciativa oficial como “una oportunidad de inclusión que implica el fomento de medios de pago masivos asociados al sistema financiero formal y la reducción del uso de efectivo en puntos de recarga”.
Tras indicar que “se requiere de una coordinación público-privada para una adecuada implementación y educación de los usuarios”, la entidad planteó que “le corresponde al sector público generar las condiciones y marcos normativos necesarios para la incorporación de nuevos medios de pagos”.
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