LA PLATA.- La empresa de Autopistas de Buenos Aires (Aubasa), que depende de la gestión provincial, y el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines (Sutpa) firmaron ayer una conciliación obligatoria que abre un período de tregua en el conflicto que mantuvo en vilo a todo el arco gremial y al Frente de Todos por los duros cuestionamientos de Facundo Moyano y la CGT al gobernador Axel Kicillof por haber amenazado con sancionar al gremio con la quita de la personería.
El punto de inflexión para alcanzar un acuerdo fue un pedido de Aubasa al Ministerio de Trabajo de la Nación para que deje sin efecto la multa y el pedido de cancelación de la personería gremial del Sutpa a raíz de las protestas que hubo durante los primeros días de 2023. Moyano dijo que hubiera sidio “antidemocrático” que le quiten la personería a su gremio y logró el respaldo de la CGT y la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT). “Siendo que al día de la fecha los trabajadores están cumpliendo con sus tareas solicitamos a la cartera no laboral instar procedimiento alguno de cancelación de personería establecido en el artículo 56 Ley 23551″, dice un párrafo del expediente 00039396, homologado por Gabriela Marcello, directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo.
En el acta, el sindicato, del que Facundo Moyano es el número dos, reclamó “el cese inmediato de todas las medidas antisindicales y persecutorias”. El gremio argumentó que el pedido de cancelación de personería jurídica “no encuentra antecedente en tiempo de democracia y produce grave daño no solo a principios y libertades como libertad sindical, autonomía sindical y derecho a huelga, sino también a las propias instituciones democráticas”.
El Sutpa solicitó, además, la reincorporación a su puesto de trabajo de César Di Lorenzo, la recategorización de trabajadores que hace años no se encuentran reconocidos, el cumplimiento de normas de seguridad e higiene y el cumplimiento de legislación laboral vigente. Denunció en particular la “actitud antisindical que viene manteniendo la empresa”, que está bajo la conducción de Ricardo Lissalde, un funcionario designado por el gobierno de Kicillof y antiguo aliado de Sergio Massa. Lissalde se mantiene en el puesto pese a los retirados pedido de apartarlo que hizo el sindicato y de los 22 paros que soportó entre 2022 y lo que va de 2023.
Facundo Moyano logró, además, el respaldo de su hermano Pablo, que cuestionó a Kicillof y a la interna peronista. “Nos llamó la atención que un día el gobernador bonaerense quiere anularle o sacarle la personería gremial al sindicato de los peajes. Al otro día el Presidente de la Nación nombra a este personaje [Antonio Aracre], que lo primero que hace es decir que va a presentarle a la oposición un proyecto de reforma laboral. Lo que pasa es que el peronismo hoy es un cambalache: no hay una conducción nacional, no hay una conducción provincial”, dijo uno de los referentes de la CGT en AM 530.
Posible recorte y nueva negociación
La empresa estatal, por su parte, rechazó la existencia de amenazas, persecución o incumplimientos. Las partes están citadas a una nueva audiencia el 20 del mes en curso en el Ministerio de Trabajo para verificar el cumplimiento de un acuerdo para el traspaso de método de monitoreo por vía remota y una reconversión de 158 trabajadores.
El plan supone que de las 44 barreras operadas manualmente solo queden 26 y reconvertir 18 vías manuales a dedicadas. Estas son monitoreadas de manera remota en las tres estaciones de peaje más críticas del corredor: Samborombón, La Huella y Maipú. La empresa espera instalara allí antenas y cámaras. El plan supone que mejora las condiciones de trabajo y asegura la continuidad laboral de las personas que serán desplazadas de las barreras manuales.
Fuente: La Nación
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