Desde el año 1994 que el empresario Alfredo Román comenzó la construcción de la terminal portuaria de Exolgan S.A en el Puerto de Dock Sud, bajo la jurisdicción de la provincia de Buenos Aires (gobernada por Eduardo Duhalde y Román era el empresario favorito del duhaldismo, como también lo fue después del sciolismo), hubo polémica por la contaminación que podría ocasionar la nueva terminal portuaria en el estuario del Río de La Plata.
A 30 años de su construcción sigue acumulando polémicas. Esta vez por el apuro, en un año electoral, de encarar las obras de ampliación del muelle 1 de la terminal portuaria. El 4 de enero, sin haber convocado a una audiencia pública ni tener “en regla” los estudios de impacto ambiental, el consorcio de gestión del Puerto de Dock Sud publicó en el Boletín Oficial bonaerense una convocatoria de proyecto privado para la construcción de un nuevo muelle con capacidad para operar con barcos de hasta 366 metros de eslora y 52 metros de manga. La obra se realizará en terrenos propiedad de la empresa Exolgan S.A y por las condiciones restrictivas del pliego, la empresa podría ser la única adjudicataria de la licitación.
Entre otras cosas la falta de estudios de impacto ambiental y la no convocatoria a una audiencia pública motivaron la presentación de la Fundación Biosfera de una medida cautelar ante el Juzgado Federal N°2 en lo criminal y correccional de Morón para paralizar las obras.
El juez federal de Morón, Jorge Eduardo Rodríguez, aceptó la cautelar y dictó sentencia prohibiendo de manera urgente la continuidad de las obras, ordenando al Consorcio de Gestión del Puerto de Dock Sud que suspenda el llamado a licitación de obras de la firma Exolgan S.A. hasta tanto no tengan la declaración de impacto ambiental por parte del ministerio de Ambiente bonaerense y la contratista presente el Plan de Gestión Ambiental
Además, prohibió la demolición del muelle uno y de cualquier construcción; encomendando a la ACUMAR (Autoridad de la Cuenca Matanza Riachuelo) la realización de un control exhaustivo de la obra e informe al juzgado ante cualquier incumplimiento.
MDZ habló con Horacio de Beláustegui, presidente de la Fundación Biosfera sobre las irregularidades detectadas que los llevó a presentar la medida cautelar. Lo primero que nos dijo fue: “La cautelar la presentamos con el Dr. Sabsay ante el juez federal de Quilmes Luis Armella, quien se excusó, argumentando que su juzgado no era competente, girando la cautelar al Juzgado Federal N º 2 en lo criminal y correccional de Morón".
“Como primera medida el juez federal de Morón, Jorge Rodríguez, pidió al consorcio del Puerto de Dock Sud que envíen al juzgado documentación de los estudios de impacto ambiental, precisiones sobre la obra y que informe si habían llamado a alguna audiencia pública”, afirmó el titular de la ONG.
El presidente de la Fundación Biosfera sostuvo que se trata de una obra gigantesca y que “van a remover estructuras de principios del siglo pasado. Estamos hablando de más de 60 mil metros cuadrados de construcción”.
En cuanto a por qué Exolgan S.A, una empresa de nivel mundial, se lanzó a hacer una obra de tal magnitud sin tener todo en regla dijo: “Hoy en día hay mucha desprolijidad en la gestión y la administración de nuestro país. Seguramente vieron cómo se manejan las cosas en la Argentina y dijeron 'bueno, vamos a presentarlo de esta manera'. Esto lo digo con la mejor predisposición y pensamiento de mi parte. Porque en 40 días no se puede llamar a licitación y empezar una obra que requiere de estudios de impacto ambiental y una visión transdisciplinaria, eso es algo que no se puede hacer de un día para el otro.”
Horacio de Beláustegui sostuvo que está perfecto que las empresas quieran hacer negocios y aclaró: “Lo que nosotros hacemos es tutelar por el bien común que es el medio ambiente, eso nos importa muchísimo. Para nosotros el estudio de impacto ambiental que elaboraron presenta serios vicios. Por ejemplo, no explican que van a hacer con los miles de camiones con tierra y sedimentos que van a sacar con el dragado. No hicieron un estudio de la biocenosis y no tienen en cuenta lo que va a suceder con la ictiofauna. Hoy en día tratamos de respetar los ecosistemas urbanos y la biodiversidad. Sobre todo, que estamos ante una extinción masiva de especies y eso lo tenemos que tener en cuenta”.
Asimismo, afirmó: “El movimiento de sedimentos tiene muchos materiales pesados que son nocivos al ambiente, eso no lo contemplan en el estudio de impacto ambiental que presentaron. Te imaginás que lo que se va a mover son enclaves que tienen más de ciento veinte años, no es algo que deba tomarse con mucha liviandad, como trasunta en la documentación a la que accedimos y la modalidad de gestión para llamar a una licitación tan importante”
El presidente de la Fundación Biosfera sostuvo que la obra va afectar a todo el estuario del Río de La Plata. “Somos conscientes de la importancia que tiene tener un estuario sano, donde la biodiversidad pueda desarrollarse; el Río de La Plata es algo sumamente importante para nuestra población. Eso es del bien común, es de todos. Entonces si por algún motivo no se tuvo en cuenta el daño que pueden provocar de alguna forma con la cautelar los invitamos a recapacitar para que lo hagan bien”, explicó.
Sobre la contaminación que podría provocar la remoción de sedimentos en el Río de La Plata, de Beláustegui afirmó: “Eso se puede tratar, tenemos tecnología para hacerlo; pero si no está contemplado en el estudio de impacto ambiental pueden usar explosivos o cosas que realmente no están mensuradas y controladas, provocando un impacto aún mayor. Las cosas deben hacerse como corresponden y tienen que ser bien explícitas para que el riesgo sea prácticamente nulo. Para eso están las normas, las precisiones técnicas y metodológicas para desarrollarlas minimizando el impacto“.
Por último agregó: “Hay un movimiento de suelos muy importante que no valoraron, tampoco valoraron el impacto climático, ni la biocenosis. Por eso digo que el informe de impacto ambiental tiene muchos vicios .Por otro lado no llamaron a una audiencia pública y no intervinieron los organismos competentes para dar las autorizaciones de la obra. En virtud de todo esto y velando por el bien común del estuario del Río de La Plata fue que solicitamos este recurso de no innovar”, cerró Horacio de Beláustegui.
Un conocedor de la administración pública dijo a MDZ: “Cuando el expresidente Carlos Menen decidió provincializar los puertos, en la provincia de Buenos Aires entraron en un área gris. Para poder habilitar obras intervienen varios actores, en su mayoría son de Nación, que tienen sus propios protocolos. En provincia eso es un caos. La mayoría de las veces los estudios de impacto ambiental son dibujados y no hay ningún tipo de control en las obras”.
Fuente: mdzol
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