Javier Milei sorprendió al imponerse este domingo en las PASO. Si esta elección se repite el próximo 22 de octubre será electo presidente de Argentina, pese a que su fuerza política no tiene ni un gobernador ni un intendente en todo el país y será claramente minoritaria en el Congreso. Lo que sí tiene Milei es un plan de gobierno que presentó el pasado miércoles 2 de agosto, el cual incluye una reforma energética que contempla eliminación gradual de subsidios a empresas y su reemplazo por subsidios a la demanda para los más necesitados, señales de precios adecuadas para la inversión «a riesgo» (export parity), respeto de los contratos vigentes como el Plan Gas.Ar, promoción de exportaciones firmes de largo plazo y de un plan de infraestructura de transporte de electricidad, gas y petróleo, mediante mecanismos de declaración de interés público y la convocatoria al sector privado.
El plan energético lo elaboró el consultor Eduardo Rodríguez Chirillo, un abogado argentino residente en España desde hace más de 20 años que viene comandando un equipo dedicado específicamente a trabajar en la reforma integral del sector. El pasado 22 de junio Rodríguez Chirillo expuso las directrices generales del plan en un evento organizado por el Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI) en Buenos Aires. “El CARI convocó a todos los partidos y el equipo de Javier me pidió si le podía preparar la propuesta de La Libertad Avanza respecto de todo el sector energético, todo lo cual se canalizó a través del Instituto del Crecimiento”, aseguró en diálogo con EconoJournal.
Rodríguez Chirillo, quien lidera un equipo de entre 8 a 10 personas dedicadas a la elaboración de las propuestas y las normas urgentes e importantes que debería dictar la nueva administración en materia energética, aclara también que la propuesta para el sector forma parte de una reforma integral que va más allá de lo energético. “No son medidas aisladas, sino que forman parte de un programa económico más amplio que van a hacer que esas reformas sectoriales sean posibles”, sostiene.
El equipo de trabajo de Rodríguez Chirillo, contratado por el Instituto del Crecimiento, incluye ex directivos de grandes empresas y contempla un director del área de petróleo y combustibles líquidos, otro del área de gas y otro de generación de electricidad.
¿Quién es Rodríguez Chirillo?
Rodríguez Chirillo se recibió de abogado en la Universidad Católica Argentina (UCA) y realizó el doctorado en derecho en la Universidad de Navarra en España. Su tesis fue sobre privatización de empresas públicas y cuando volvió a la Argentina en 1992 con solo 28 años y un libro publicado sobre el tema, se convirtió en un profesional muy requerido, tanto por el sector público como por el privado.
Trabajó en las privatizaciones con el entonces secretario de Energía Carlos Bastos y estuvo en Secretaría de Energía de la Nación hasta 1998. En marzo de 2001, cuando Bastos es designado ministro de Infraestructura y Vivienda, Rodríguez Chirillo se incorporó como su jefe de asesores, hasta noviembre de 2001, momento en que se trasladó a México para ocupar un cargo directivo de carácter corporativo en la empresa multinacional (de origen español) Iberdrola.
Con anterioridad, en España tuvo un papel destacado en el plan privatización que llevó adelante José María Aznar siendo condecorado con el reconocimiento de la nacionalidad por carta de naturaleza. En la actualidad trabaja como consultor independiente, con base en España, y es asesor del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros clientes.
Luego de 22 años afuera del país, Rodríguez Chirillo está dispuesto a volver para acompañar a Milei. “Comparto muchas de las ideas de Javier sobre la economía y puntualmente del sector energético. La intención es tratar de crear mercados competitivos y darle libertad al consumidor y a las empresas y donde el Estado trata de que las reglas sean lo más estables posibles y que se respeten”, señala Rodríguez Chirillo.
El plan
La apuesta de Milei en el sector energético es desregular el mercado y generar los incentivos de precio adecuados para que los inversores vuelvan a confiar en el país, poniendo el foco en el desarrollo de las exportaciones. “En vez de hacer autorizaciones discrecionales, las exportaciones deben ser un derecho reglamentario al que el Estado se pueda oponer o condicionar el ejercicio del mismo si se produce un costo adicional en el abastecimiento interno y el exportador no lo quiera asumir. La obligación del Estado es la seguridad del abastecimiento, que no es el autoabastecimiento. La seguridad del abastecimiento es que los argentinos tengan siempre gas y electricidad, pero no necesariamente el propio que se produce o genera en el país. Puede ser que debido a la exportación que tiene comprometida una empresa, durante algunos días de julio, por ejemplo, debamos importar energía. Ese sobrecosto lo va a pagar la empresa exportadora, no lo traslado a la demanda, pero la exportación se respeta. Eso le va a permitir al inversor firmar un contrato a largo plazo”, aseguró Rodríguez Chirillo a EconoJournal.
Algunas de las propuestas contempladas dentro de la reforma energética son las siguientes:
Petróleo y combustibles líquidos
Necesidad de revisar el Marco Normativo de petróleo y combustibles líquidos, el cual está diseminado en muchas leyes, decretos y resoluciones, con áreas de control superpuestas entre nación y provincias.
Implementar una política de largo plazo consistentes con el desarrollo productivo.
En materia de precios, permitir que los aumentos del precio interno achiquen la brecha con el precio export parity haciendo una transición con medidas que estabilizan la macroeconomía o un sendero de precios y la creación de un fondo de estabilización (cuyo destino exclusivo es neutralizar la volatilidad de precios)
Eliminar Derechos de Exportación y Aranceles de Importación, en crudo y combustibles.
Permitir Contratos de Exportaciones a Término de mediano plazo (más de un mes), en crudo y combustibles.
Fomentar en el mercado interno los contratos de mediano plazo entre productores y refinerías no integradas, neutralizando su derecho a bloquear las exportaciones.
Producción y distribución de energía eléctrica
CAMMESA debe volver a su rol original, lo que supone: Dejar de adquirir combustible para generadores, que pasarán a ser responsables del abastecimiento del gas. Resolver el pago al MEM del abastecimiento que requieren las distribuidoras, no siendo viable los mecanismos utilizados hasta ahora.
ENARSA podría actuar como comprador del abastecimiento para consumidores finales, incluso podría contar con electricidad propia.
Restablecer el mercado a término permitiendo los contratos de abastecimientos de generadores con distribuidores y grandes usuarios.
Ejecución del PFT III bajo régimen de inversión privada para la ampliación del transporte.
Restablecer la RTI de las distribuidoras en materia de VAD y VAT que permita: escalonar las inversiones, planificar un esquema de precios / tarifas con incrementos futuros, no cobrar impuestos a las ganancias reinvertidas, no cobrar impuestos a la salida y resolver el problema del abastecimiento a usuarios finales. El sector tiene que cubrir sus costos económicos y las tarifas deben mantenerse en valores reales, actualizadas por inflación.
Instrumentar un sistema de subsidio directo al consumo de usuarios vulnerables, con la fijación de un límite.
Establecer un régimen remuneratorio que brinde señales para la inversión para reemplazar generación ineficiente y ampliar reservas de capacidad.
Vencimiento de concesión hidroeléctrica del Comahue: el Estado debe decidir cómo organizar la recepción de los bienes y la unidad de negocios a cargo, debiendo otorgar una nueva concesión.
Resolver el tema los conflictos de créditos (Activos regulatorios) y débitos (Deuda al Estado Nacional)
Introducción de tecnología y digitalización en redes y medidores inteligentes (Smart Grid)
Progresiva conversión en DOS (Distribution Operation System), a partir de la introducción masiva de la generación distribuida y los vehículos eléctricos
Producción y Exportación de gas natural licuado (GNL)
Respetar los contratos del Plan GasAr, reduciendo los subsidios en la actividad de producción, siendo absorbido por el comprador. Migrar esos contratos del Plan GasAr con CAMMESA y ENARSA a contratos entre productor-consumidor.
Reinstaurar los contratos de largo plazo (más de 3 años) mediante mecanismos de subastas por parte de las distribuidoras.
Resolver el cuello de botella en la importación de equipos usados y la importación de equipos temporarios por la escasez de divisas.
Validar la actuación de las provincias en la explotación de los hidrocarburos, mediante empresas petroleras provinciales.
Unificar la superposición de temas medioambientales en las Provincias y Nación.
Los permisos de exportación de gas en firme y largo plazo (plurianuales) tiene que convertirse en un «Derecho Reglamentario», a las que el Estado podrá negar por motivos fundados técnica o económicamente en la seguridad del suministro.
Existe un proyecto de ley en curso para el GNL, con demasiada intervención gubernamental en requisitos, controles y aprobaciones. Cualquier proyecto de GNL debe poder canalizarse bajo la ley de hidrocarburos, como derecho del productor a evacuar su producción; proyectos integrales y dedicados (del pozo al puerto exportador). La clave será considerar el GNL como el producto de una actividad industrial (al igual que el metanol o la urea) y por lo tanto no se les debe aplicar las normas que al gas en estado gaseoso.
Fuente: EconoJournal
Bolivar 1787 - 6° E CABA
info@transporteyenergia.com.ar
Tel: +54 11 4300-2416
Portal de noticias con información actualizada
de dos sectores claves para el país