Federico Martelli, director ejecutivo de la Cámara de Empresas PYMEs Regionales Elaboradoras de Biocombustibles (CEPREB), pidió a los diputados que en el debate en particular del proyecto de ley ómnibus se rechace el capítulo completo referido a biodiesel por el impacto negativo que produciría en el sector al que representa.
"No nos oponemos a que se discuta pero entendemos que debería hacerse en el período de las sesiones ordinarias, con el tiempo debido y que se escuche a todos los sectores. Desde que asumieron las nuevas autoridades, no se nos invitó a dialogar para conocer nuestra opinión", sostuvo en diálogo con Ámbito. Anticipó un tractorazo "a la francesa" hacia el Congreso si se aprueba sin cambios el proyecto de ley.
Para el empresario, así como está redactado lo aprobado en la ley en general, la semana pasada, sin que tampoco se hayan incluido los cambios pedidos a último momento por los gobernadores de las seis provincias productoras de bioetanol y biodiesel, "se condena al quiebre a las pequeñas y medianas empresas del sector porque cambia de raíz las reglas del juego que se establecieron por ley hasta el 2023". Explicó que en la actualidad las aceiteras adquieren soja para elaborar harina para exportar, "el gran negocio", y aceite. A este último pueden también exportarlo o venderlo a las Pymes para que estas elaboren biodiesel, las únicas autorizadas por ley a proveer para el corte -del 7,5%- del diésel que ofrecen las petroleras y que mezclan en las refinerías.
"Con los cambios que impulsa el Gobierno se permitiría que las aceiteras elaboren y vendan biodiesel de manera directa a las petroleras. Es decir, nos obligará a competir con Cargill, Dreyfus y AGB, entre otras, y es imposible", afirmó. "No tenemos capacidad ni espalda para competir con esos tanques, será condenar a muchos pueblos que dependen de esta actividad", agregó.
¿Cuál es el escenario?
En la actualidad rige la Ley 27.640 -de promoción a la industria de biocombustibles- que se sancionó en 2021, en base a la 26.093, de 2006. Ambas establecen un marco regulatorio hasta 2030 para preservar una serie de incentivos para la producción de combustibles a base de materia orgánica, como el biodiesel y el bioetanol, con el objetivo de reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Regula esta legislación que las multinacionales están inhibidas de competir en el mercado interno y sólo pueden hacerlo las plantas que produzcan por debajo de 50.000 toneladas anuales de biodiesel; es decir, un estímulo para las Pymes y para su radicación en el interior del país.
Gran parte de estas empresas se encuentran en Tucumán, Salta, Jujuy, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Entre Ríos, La Pampa y San Luis. En el caso de la CEPREB, sus miembros se encuentran en las cinco últimas, generan 2.000 empleos directos y 8.000 indirectos, en 27 plantas.
Martelli indicó que el sector mantiene diálogo con diputados de Unión por la Patria, de Hacemos Coalición Federal que lidera Miguel Ángel Pichetto, Innovación Federal que conduce la salteña Pamela Calletti y miembros de la Unión Cívica Radical. Según el empresario, existe la voluntad de rechazar todo el capítulo de biocombustibles por la negativa del oficialismo a incorporar cambios "para concentrar el mercado en los más poderosos". "Dicen que eso hará que baje el precio y es una falacia, ya está demostrado con el caso de las petroleras que se ponen de acuerdo en un precio y punto, nunca baja", señaló.
Advirtió la CEPREB, mediante un comunicado, que se movilizará a "la francesa" a Plaza de Mayo, con el desplazamiento de camiones cisternas de biocombustibles, tractores y de trabajadores de todo el país, si se aprueba el capítulo de biocombustibles del proyecto de la Ley Ómnibus en la votación en particular. "Buscamos el diálogo pero lo haremos si no nos dejan otra opción", señaló Martelli. Desde el Grupo Bahía Energía, también por consultas de este medio, se suscribió lo señalado por el director ejecutivo de la CEPREB.
Voto a voto
Ámbito consultó a parlamentarios sobre el capítulo de biocombustibles del proyecto. El diputado tucumano Pablo Yedlin indicó que no se incorporaron los últimos pedidos de las provincias, por lo que entiende que "lo mejor será rechazar el capítulo completo". Desde la vereda del frente, su par tucumano y radical Mariano Campero, señaló que "todavía se está negociando y es posible que haya una mejora, sobre todo, en lo relacionado con el corte de bioetanol". Advirtió que, de no ser así, no se aprobará nada que perjudique a la economía de la provincia. Este lunes, en una conferencia de prensa, fue consultado el gobernador tucumano Osvaldo Jaldo sobre este tema y dijo: "Si se producen las modificaciones los diputados van a acompañar, sino no van a votar el artículo".
Fuente: Ámbito