Entre las líneas de colectivos comenzó a circular en las últimas semanas una polémica situación sobre un posible direccionamiento de los subsidios por su consumo de combustible que reciben algunas empresas del sector, las que tienen coches de la carrocera Agrale, en detrimento de otras compañías y, además, en perjuicio de las arcas del Estado.
Al respecto, ya fue fue presentada una denuncia ante la secretaría de Transporte que por estas horas analiza el caso junto a la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT), según explicaron a Infobae fuentes oficiales.
Además de las transferencias que otorga el Transporte para cubrir las diferencias entre el costo real del pasaje y lo que pagan los usuarios, también existe un sistema de compensación a través de descuentos que reciben las líneas en la compra del gasoil. El Estado cubre la diferencia a las petroleras y de esa forma “compensa” a las compañías transportistas.
Desde 2022, a través de la resolución 509/2021 del entonces Ministerio de Transporte, cambió el criterio de distribución en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) de este tipo de subsidios. “De esta forma, las compensaciones equivalentes al total del costo laboral se distribuyen proporcionalmente según la cantidad de agentes computables de cada operador, respecto al agrupamiento en donde se ubique, e igualmente el equivalente al Costo Total de Combustible se distribuirá según un coeficiente que mide la relación entre el cupo individual de cada operador sobre el cupo total asignado para el agrupamiento donde se ubique, según un coeficiente entre el Grupo que se encuentra la línea y el Cupo de Gasoil”, detalló un informe del sector privado al que tuvo acceso este medio.
En ese sentido, resumieron, si una línea tiene 100 litros asignados dentro del Grupo Tarifario (GT) y el total de litros del GT es de 1.000 litros, entonces la línea tendrá un coeficiente del 10%, y así recibirá el 10% de las compensaciones equivalentes al costo total de combustible de dicho GT.
“Por lo tanto, si una línea, luego de la publicación de la citada resolución incrementa su cupo de gasoil asignado, respecto a las demás, pasará a tener un coeficiente mayor y así recibirá más dinero en concepto de ‘compensación por cupo de gasoil’ a expensas de los demás operadores del agrupamiento que pasarán a recibir menos ya que la distribución es un juego de suma cero”, explicó el informe. De ese modo, lo que algunas línea de colectivo cobran en exceso, se resta de los ingresos de otras líneas.
En concreto, la denuncia apunta a que los nuevos consumos específicos que validó la CNRT para ese grupo de operadores queda fuera del parámetro relacionado con la estructura de costos. “Ningún coche debería consumir más de 0,52 litros por kilómetro recorrido. El Estado toma un parámetro objetivo que no debería ser superado y, en todo caso, es problema de la empresa que sus coches tengan un consumo adecuado”, comentó un empresario del sector.
“Hay casos por encima de 0,6 litros por kilómetro recorrido, cuando ningún agrupamiento supera los 0,52 litros por kilómetro según la estructura de costos, lo que lo torna inconsistente como criterio de distribución, ya que perjudica al resto de los operadores de manera injustificada. Se observa además que el tope de litros de gasoil para asignar se elevó abruptamente para dichos operadores entre julio y octubre de 2022, entre 50% y 67%, porcentajes muy superiores al resto”, apunta el informe.
En el sector entienden que la CNRT no informó los antecedentes o publicó estudios técnicos que avalen los cambios en los parámetros para otorgar subsidios. “Significa una afectación para el conjunto de las empresas no incluidos en este cambio, por un total de $8.900 millones o 16 millones de dólares a tipo de cambio paralelo”, resaltan.
Desde esa posición, existe “una ineficiencia no está reconocida en la estructura de costos”, y es además”financiada por los otros operadores que registran un consumo específico menor por kilómetro (más eficiente y dentro del estándar de la propia estructura de costos)”. Estas empresas, a pesar de tener una flota más eficiente, resultan “penalizadas de manera injustificada al ceder el 1% de sus ingresos, para cubrir la necesidad de los operadores con motor Agrale que consumen más sin que tal situación esté prevista en la estructura de costo. Dado que los litros de estos operadores Agrale son más del 25% del total, debería ser considerada en la estructura de costo, si corresponde, caso contrario genera esta inequidad y transferencia de recursos no justificada”, concluyen en el sector.
Fuente: InfoBae
