El Gobierno de los Estados Unidos le pidió a la jueza Loretta Preska que difiera su decisión sobre la entrega de las acciones de YPF a los demandantes por la causa de la expropiación de la petrolera, hasta poder presentar una opinión al respecto. Solicitaron esperar hasta el 6 de noviembre.
El Departamento de Justicia le solicitó a la magistrada del distrito Sur de Nueva York que demore su decisión hasta tanto puedan enviar una opinión antes del miércoles 6 de noviembre, un día después de las elecciones presidenciales que enfrentará al republicano Donald Trump y la demócrata Kamala Harris.
Luego de la condena de la jueza a la Argentina, por la que el país deberá pagar u$s16.000 millones por la expropiación, el bufete de abogados Burford Capital, principal demandante en la causa, pidió que se entreguen las acciones que el Estado argentino posee en la petrolera.
Ante ello, el Gobierno de EEUU se presentó en la causa con una nota fechada este lunes 9 de septiembre, en la que expresa que "está considerando activamente presentar una Declaración de Interés con respecto a la moción pendiente de una medida cautelar y de transferencia".
El escrito indica que el Fiscal General de los Estados Unidos está autorizado "a enviar a cualquier funcionario del Departamento de Justicia para 'atender los intereses de los Estados Unidos en una demanda pendiente en un tribunal de los Estados Unidos, o en un tribunal de un Estado, o para atender cualquier otro interés de los Estados Unidos'".
De acuerdo a la nota, el proceso implicará "una coordinación entre las agencias gubernamentales interesadas" y la aprobación del Departamento de Justicia de los Estados Unidos a través del Fiscal General Adjunto Principal de la División Civil.
El Gobierno de EEUU pidió aplazar el fallo sobre la entrega de acciones de YPF a Burford
Debido al tiempo que demandará, el Departamento de Justicia dijo esperar estar en condiciones de informar al Tribunal sobre su posible participación en este asunto "a más tardar el 6 de noviembre de 2024", es decir, un días después de las elecciones presidenciales.
Por ese motivo, el Gobierno de EEUU solicitó "que el Tribunal reserve la decisión sobre la moción pendiente de medida cautelar y entrega", hasta tanto los funcionarios de cada agencia hayan tenido la oportunidad de presentar la declaración de interés.
El especialista Sebastián Maril adelantó en sus redes sociales qué puede esperarse de la declaración. "Es probable que Estados Unidos recomiende que la jueza Preska se abstenga de ordenar la transferencia de las acciones de YPF a los beneficiarios de la sentencia, teniendo en cuenta la relación entre dos naciones aliadas", indicó.
"Sin embargo, también creo que Estados Unidos entiende perfectamente que una nación soberana amiga (Argentina) violó las leyes locales del mercado de capitales. Por esta razón, no me sorprendería si también sugirieran que la jueza Loretta Preska designe un mediador especial para ayudar a ambas partes a resolver la disputa", añadió el asesor de Latam Advisor.
Para el abogado Sebastián Soler, quien sigue de cerca la causa que se tramita en EEUU, también dio su parecer al respecto. En ese sentido, calificó el pedido de los demandantes de entregar las acciones de YPF a cambio la deuda como "un pedido tan grave como inédito", por lo que afirmó que "no sorprende que el State Department hoy le pida a Preska diferir fallo hasta recibir su opinión".
Luego, explicó los derivados de la nota enviada por el Departamento de Justicia. "El State Department le avisa a la jueza Preska que está "considerando activamente" si se opinará formalmente en ambos casos sobre el pedido de entrega de acciones de YPF, un análisis que espera concluir el 6 de noviembre. Preska no debería resolver la cuestión antes", señaló.
La jueza Preska condenó a la Argentina a pagar u$s16.000 millones por la forma en que se realizó la expropiación de la empresa en 2012 en tiempos de Cristina Fernández de Kirchner como presidenta y Axel Kicillof como ministro de Economía. En el marco de esta causa, en los últimos días, Preska también había ordenado entregar mails, WhatsApps y otras comunicaciones de funcionarios para determinar responsabilidades.
Fuente: Ámbito
