La letra del Presupuesto consigna que para 2025 prevén que el 84,83% del costo mayorista del sistema eléctrico sea cubierto por la tarifa que abonan los usuarios (Imagen ilustrativa Infobae)
El gobierno de Javier Milei continuará con los aumentos de luz y de gas en los próximos meses pero también durante el año que viene, según se desprende del proyecto de Presupuesto 2025 enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo.
El objetivo del Ministerio de Economía es acelerar la reducción del gasto en subsidios a las tarifas a través de la segmentación vigente, algo que pone en duda si finalmente se implementará el nuevo esquema “focalizado”, basado en una Canasta Básica Energética (CBE).
Las facturas que llegan a los usuarios finales están compuestas por cuatro ítems: energía, transporte, distribución e impuestos (nacionales, provinciales y municipales). Es sobre el primer punto que el Estado cubre la diferencia entre lo que pagan los hogares (comercios e industrias abonan pleno) y el “precio real” de la electricidad o el gas, que varía según la época del año.
La letra del Presupuesto consigna que para 2025 prevén que el 84,83% del costo mayorista del sistema eléctrico sea cubierto por la tarifa que abonan los usuarios, “cada uno de ellos con diferentes tratamientos tarifarios”. Eso implica que de lo que cuesta la energía, las facturas cubrirán casi $85 de cada $100 del “precio real” de la energía y que el resto será subvenciones.
Los cálculos del Gobierno arrojan que la cobertura finalizará 2024 con un promedio del 65% si se continúa con los incrementos mensuales en torno al 4%, tal como sucede desde agosto, y con precios más bajos de la electricidad en los próximos meses además de una continuidad en el crawling peg del 2% mensual.
Por el virtual congelamiento que aplicó el gobierno de Alberto Fernández, en 2023 había un 48% de cobertura. Es decir, los usuarios no pagaban en su conjunto ni la mitad de lo que valía la energía.
El secretario Coordinador de Energía y Minería, Daniel González, ocupa gran parte de su tiempo en la gestión de analizar los pasos a seguir el tema de las tarifas desde que llegó en julio. El ex CEO de YPF y ex titular de IDEA dio recientemente una proyección de cómo finalizará el recorte del gasto en subvenciones energéticas en 2024.
“Los subsidios llegaron a ser 3,5 puntos del PBI, estamos cómodos en 1 punto este año y bajando el que viene”, aseguró González la semana pasada durante su presentación por los 110 años de la petrolera Shell en Argentina. También advirtió que el próximo verano será “complicado” en cuanto a los cortes de luz.
Los cálculos de la consultora Economía y Energía muestran que en 2023 finalizaron en USD 9.683 millones, el equivalente a 1,5 puntos del PBI. La reducción de esa partida a 1 punto del PBI, USD 6.744 millones, implica un recorte de casi USD 3.000 millones. El gobierno espera para 2025 reducir las subvenciones en al menos otros 0,5 puntos del PBI para eliminarlos casi por completo en 2026, en un sendero de “un tercio por año”.
La duda que surge en el mercado es si finalmente se avanzará en el sistema “focalizado” de asistencia que impulsa el secretario de Energía, Eduardo Rodríguez Chirillo, y que contempla la utilización de una Canasta Básica Energética (CBE). El esquema implicaba una quita generalizada de subsidios para que todos los usuarios cubran el 100% de lo que vale la energía y la implementación de la CBE, que surgiría de las necesidades básicas de consumo de electricidad y de gas de los hogares, para cada mes del año, según su ubicación geográfica.
En definitiva, la intención es que si el costo de esa cesta supera un determinado porcentaje del ingreso de un hogar, el Estado subsidiaría la diferencia a través de una transferencia directa a una cuenta bancaria o en la boleta. Uno de los problemas que ven en el gobierno es que se necesita mucha información para cruzar datos y llegar a una especie de subsidio “personalizado” para cada hogar.
La idea de Chirillo era poner en marcha su plan en abril, pero ese proceso no se completó. De hecho a través del Decreto 465/2024 firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, se estableció, entre otras cosas, una reestructuración del régimen de subsidios y un “periodo de transición” de seis meses para aplicar la CBE, el cual vence el 30 de noviembre pero puede prorrogarse por única vez por otros seis meses.
González, hombre de confianza de Caputo y ahora “jefe” de Chirillo, centralizó desde su llegada el trabajo sobre los próximos aumentos de tarifas y la quita de subsidios. La intención, por el momento, es avanzar en mejorar los criterios de definición de los subsidios, es decir, “¿quiénes y cuánto?”.
Pero eso será con el esquema existente, que divide a los residenciales en tres segmentos: Nivel 1 (ingresos altos), Nivel 2 (ingresos bajos) y Nivel 3 (Ingresos medios). Los N2 y N3 tienen bonificaciones sobre el precio que pagan de la energía y topes de consumo con asistencia del Estado.
De todos modos, el objetivo principal del gobierno continúa puesto en profundizar la desaceleración de la inflación y evitar un crecimiento del malestar social. Es por eso que Caputo y González analizan al detalle cada paso que dan con las tarifas.
Los usuarios afrontaron en lo que va del año fuertes incrementos en las tarifas de electricidad y de gas. Desde que asumió Milei hay 852.677 hogares más que reciben subsidios a la electricidad y, de esos, 111.114 también en gas natural, tal como publicó Infobae en base a información oficial a la que tuvo acceso en exclusiva. Si bien hay más hogares con asistencia, el gasto es menor por menores precios de la energía, bonificaciones más bajas y topes de consumo subsidiado más restrictivos. Las provincias en las que más creció la cantidad de beneficiarios son aquellas en las que más subió la pobreza: Corrientes, Formosa, Catamarca, Chaco y Córdoba.
Fuente: InfoBae
