Por Antonio Rossi
La privatización del tramo Pampa de la ruta nacional 5 ya enfrenta su primer conflicto. A un mes de tomar el control del corredor y con autorización para aumentar los peajes sin haber ejecutado nuevas obras, la concesionaria Corredor Vial 5 reclama revisar el contrato para hacerse cargo de la autopista Mercedes-Suipacha, paralizada por el Estado pese a contar con financiamiento de la CAF.
La disputa gira en torno a las obras inconclusas de la autopista y de la nueva travesía urbana de Mercedes, paralizadas desde principios de año. La concesionaria, controlada por la constructora mendocina CEOSA, sostiene que solo podría incorporarlas si se modifica la ecuación económica y financiera de la concesión.
Los trabajos habían sido adjudicados inicialmente a CPC, la constructora de Cristóbal López, en el último tramo del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. La administración de Mauricio Macri rescindió ese contrato en 2018 y, en 2022, durante la gestión de Alberto Fernández, las obras volvieron a licitarse con financiamiento externo y quedaron en manos de una UTE integrada por CPC y Vial Agro.
Con la llegada de Javier Milei a la Casa Rosada, los trabajos quedaron alcanzados por el ajuste sobre la obra pública. A comienzos de 2025, el ministro Toto Caputo autorizó su reactivación tras calificarlos como "prioritarios y estratégicos".
La reanudación duró apenas unos meses. En marzo de este año las obras volvieron a paralizarse por falta de pagos y la deuda acumulada por Vialidad Nacional ya superaría los u$s 10 millones.
Según señalaron fuentes del sector a Letra P, los fondos aportados por la CAF para financiar esos trabajos fueron utilizados por Economía para reforzar el resultado fiscal. Ahora, los auditores del organismo internacional habrían emplazado al Gobierno para que defina si continuará con las obras o si las dará de baja, una decisión que implicaría devolver los desembolsos ya recibidos.
La pulseada por la concesión
Mientras aguarda una definición de Economía, Vialidad Nacional, conducida por el menemista Marcelo Campoy, le propuso a la nueva concesionaria de la RN 5 que absorba el contrato de las obras y las incorpore a la concesión.
La respuesta de Corredor Vial 5 fue que solo podría hacerse cargo de esos trabajos mediante una renegociación contractual que modifique la ecuación económica y financiera pactada en la licitación.
Por ahora, esa alternativa no figura entre los planes oficiales. Sin embargo, tanto las autoridades de Vialidad como las del Ministerio de Economía saben que el margen para seguir postergando una definición es cada vez más reducido.
Peajes sin autovía
En el esquema de privatización impulsado por el Gobierno, las obras inconclusas quedaron comprendidas dentro del tramo Pampa, que abarca 546 kilómetros de la ruta nacional 5 entre Luján y Santa Rosa.
La concesión fue adjudicada a Construcciones Electromecánicas del Oeste (CEOSA), empresa controlada por el empresario mendocino Fernando Porretta, una de las principales contratistas de esa provincia.
La firma asumió la operación del corredor el 1 de julio y, sin haber iniciado nuevas obras, recibió autorización para incrementar hasta un 20% las tarifas de peaje. Así, un automóvil pasó de pagar $1500 a $1787,10 con TelePASE o $1800 en efectivo en las estaciones de Olivera, 9 de Julio y Trenque Lauquen.
El contrato, que se extenderá hasta 2046, solo contempla tareas de mantenimiento, conservación y reparación. No incluye nuevas ampliaciones de calzada ni la transformación en autovía que desde hace años reclaman vecinos, productores y municipios de la región.
Ruta estratégica para el agro y Vaca Muerta
El tramo privatizado de la ruta nacional 5 constituye uno de los principales corredores para la producción agropecuaria y, al mismo tiempo, para el transporte de arena silícea destinada a Vaca Muerta, una actividad que moviliza más de 1000 camiones por día.
El Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv) advirtió que la nueva concesionaria solo está obligada a realizar tareas de conservación, repavimentación, bacheo y corte de pasto, a cambio del cobro de peajes que se actualizarán cada tres meses.
La entidad también cuestionó que a las tres estaciones de peaje actuales se sumarán otras dos, ubicadas en Gorostiaga y Lonquimay, lo que implicará que los usuarios deban pagar, en promedio, un peaje cada 100 kilómetros recorridos.
Por su parte, la fundación Estrellas Amarillas, integrada por familiares de víctimas de siniestros viales, criticó la exclusión de las obras para transformar la ruta en autovía. Según la organización, en lo que va del año ya se registraron 203 accidentes con 22 víctimas mortales, una más que durante todo 2025.
En la misma línea, la Federación del Nucleamiento Empresarial del Noroeste Bonaerense advirtió que "el deterioro de la ruta y la ausencia de nuevas obras afectan directamente la competitividad de la producción agropecuaria, industrial y comercial de la región".
Tras presentar sus reclamos ante Vialidad Nacional, la entidad pidió además que el Gobierno deje de derivar a Rentas Generales los recursos del impuesto a los combustibles, que por ley tienen como destino específico el mantenimiento de la red vial y la ejecución de nuevas obras.
Nota editada en LetraP
