La tensión dentro del sector pyme productor de biodiésel comenzó a escalar con fuerza luego de que distintas empresas denunciaran pérdidas millonarias derivadas de precios oficiales que, según sostienen, fueron fijados por debajo de los parámetros previstos por la propia legislación vigente.
Las cámaras empresariales calculan que el perjuicio acumulado supera los 53 millones de dólares y advierten sobre un escenario de suspensiones, parálisis productivas y posibles cierres de plantas.
“El problema ya no es de rentabilidad: es de supervivencia industrial”, señalaron fuentes vinculadas al mercado de biocombustibles. De.Martin & Asociados Law Firm informó que evalúa técnicamente los perjuicios sufridos por empresas afectadas.
“Hay empresas obligadas a vender por debajo de sus costos”, agregaron desde el sector, donde aseguran que el actual esquema de precios dejó a numerosas plantas operando en condiciones críticas.
La falta de confianza en el Estado
La controversia gira en torno a la aplicación de la Ley 27.640 y la Resolución 963/2023, normativa que establece una fórmula específica para determinar el precio del biodiésel destinado al corte obligatorio con gasoil.
Los productores sostienen que desde mediados de 2024 la Secretaría de Energía comenzó a apartarse de ese mecanismo legal, generando un fuerte deterioro económico para las Pymes del sector.
“Si el Estado no cumple su propia ley, destruye previsibilidad”, afirmaron referentes empresarios consultados sobre el conflicto. Según datos técnicos presentados ante organismos nacionales, en distintos períodos, el precio oficial habría quedado incluso por debajo del costo del aceite de soja, principal insumo de producción, situación que habría generado pérdidas operativas sostenidas para numerosas compañías.
Fuente: La Nación
