La disputa entre el Grupo La Nueva Metropol, controlado por los hermanos Javier y Eduardo Zbikoski, y las principales cámaras empresariales del transporte automotor del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) escaló a los tribunales federales de Comodoro Py. En el centro del conflicto hay dos causas penales con hipótesis opuestas, informes administrativos contradictorios y alrededor de $6.500 millones en subsidios retenidos, de acuerdo a una investigación publicada por el diario La Nación.
El enfrentamiento involucra a La Nueva Metropol y a cuatro entidades empresariales del sector, entre ellas cámaras en las que tiene influencia el Grupo DOTA, uno de los principales operadores del transporte de pasajeros del país, con alrededor del 40% de las unidades metropolitanas.
La controversia gira en torno a la presunta manipulación del registro de las secciones tarifarias de los viajes mediante las validadoras de la tarjeta SUBE. Mientras las cámaras denuncian que algunas líneas del Grupo Metropol habrían registrado viajes cortos como trayectos de mayor distancia, la empresa de los Zbikoski sostiene que sus competidores impulsaron acusaciones sin sustento técnico para perjudicarla y provocar la retención de sus subsidios.
El caso fue reconstruido por el periodista Diego Cabot en una investigación publicada por el diario La Nación.
Cómo funciona la presunta maniobra
El conflicto tiene como antecedente una modificación normativa de abril de 2024, cuando la Secretaría de Transporte aprobó, mediante la Resolución 45, una nueva metodología para calcular las compensaciones estatales destinadas al transporte automotor.
El sistema otorga una ponderación relevante a la Distancia Media Abonada (DMA), un indicador que contempla las distancias efectivamente pagadas por los pasajeros. En consecuencia, la proporción de viajes registrados en cada sección tarifaria influye en la distribución de los subsidios entre las empresas.
En mayo de 2025, varias cámaras empresariales denunciaron una alteración abrupta en la composición de los pasajes de Sargento Cabral y otras líneas de Metropol. Según su planteo, disminuyeron drásticamente los boletos correspondientes a recorridos cortos, mientras aumentaban los registrados en las categorías de mayor distancia.
La hipótesis bajo investigación sostiene que algunas unidades habrían omitido marcar manualmente el cambio de sección tarifaria en las consolas SUBE o habrían registrado directamente la tarifa máxima, correspondiente a recorridos superiores a 27 kilómetros, para pasajeros que realizaban trayectos de entre cero y seis kilómetros.
De comprobarse, la maniobra habría tenido dos consecuencias económicas: los usuarios habrían pagado tarifas superiores a las correspondientes a sus recorridos y las empresas involucradas podrían haber mejorado artificialmente su participación en el reparto de los subsidios nacionales.
Como la bolsa de compensaciones tiene un monto global, una mayor participación de una compañía puede traducirse en una menor proporción para otras operadoras.
Sin embargo, al momento de la publicación de Cabot, esas acusaciones no estaban probadas judicialmente.
Las denuncias cruzadas llegaron a Comodoro Py
En diciembre de 2025, las cámaras CEAP, CETUBA, CTPBA y CEUTUPBA presentaron una denuncia administrativa ante el Ministerio de Economía por las presuntas irregularidades en el registro de los pasajes.
La Nueva Metropol respondió con una denuncia penal contra los presidentes de las cuatro entidades: Roberto Rodríguez, de la CTPBA; Daniel De Ingeniis, de la CETUBA; Daniel Tenisci, de la CEAP; y Luis Brusca, de la CEUTUPBA. También apuntó contra el exsecretario de Transporte de la Nación Luis Pierrini, incorporado posteriormente a la investigación.
La empresa pidió investigar posibles delitos de defraudación contra la administración pública y estafa, o tentativa de estafa. Argumentó que sus competidores habrían presentado información manipulada o sin respaldo técnico para inducir a error a las autoridades y conseguir que se retuvieran fondos que le correspondían.
Esa causa quedó inicialmente a cargo del fiscal federal Guillermo Marijuan y del juez Sebastián Casanello.
Pero el conflicto sumó otro expediente. En enero de 2026, Alejandro Díaz Pascual presentó una denuncia contra directivos vinculados con La Nueva Metropol. La investigación quedó en manos del fiscal Franco Picardi y del juez federal Julián Ercolini, mientras que los presidentes de las cámaras empresariales se incorporaron como querellantes.
En esa segunda causa se investiga si las empresas de Metropol omitieron deliberadamente registrar los cambios de sección tarifaria para cobrar boletos más caros y aumentar artificialmente la distancia media utilizada para calcular los subsidios.
De este modo, dos investigaciones penales comenzaron a examinar el mismo conflicto desde perspectivas contrapuestas: una considera la posibilidad de que las denuncias contra Metropol hayan sido utilizadas para perjudicarla; la otra busca establecer si existieron irregularidades en la registración de los viajes.
Conclusiones opuestas
La controversia también se trasladó al ámbito administrativo, donde se elaboraron dos informes técnicos que llegaron a conclusiones diferentes.
El primero, fechado el 8 de julio de 2026, fue elaborado por distintas áreas de la Secretaría de Transporte. Según la reconstrucción de Cabot, el documento sostuvo que no existían elementos suficientes para afirmar que hubiera una defraudación al Estado nacional ni un perjuicio patrimonial cierto para las arcas públicas.
El informe descartó, además, la existencia de manipulación informática, hackeo o alteraciones externas en los dispositivos y tarjetas SUBE. También señaló que las irregularidades en la marcación manual de las secciones no eran exclusivas de las empresas denunciadas, sino que constituían un problema operativo extendido a buena parte del sistema.
Aunque reconoció que las diferencias en el registro de los pasajes podían alterar la distribución de los subsidios entre empresas, el documento consideró que eso no implicaba necesariamente un mayor gasto para el Estado.
Sin embargo, el 14 de septiembre se presentó un informe técnico consolidado y ampliatorio firmado por Alejandro Gastón Seijas, director nacional de Gestión de Fondos Fiduciarios del Ministerio de Economía.
A partir de datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) y de mapas de densidad geográfica de Nación Servicios, el funcionario concluyó que las variaciones tarifarias no respondían a cambios en los patrones de movilidad de los pasajeros, sino a omisiones en el registro del cambio de sección a bordo de las unidades.
El informe consideró técnicamente justificadas las retenciones preventivas de subsidios y elevó a $7.156,7 millones el total de ajustes calculados para el sistema nacional.
De ese monto, $6.028,4 millones correspondían a Sargento Cabral S.A.T., operadora de las líneas 136, 163 y 182 del Grupo Metropol. La cifra representaba el 84,23% del total de ajustes consignados en ese documento.
La diferencia entre ambos informes se convirtió en uno de los puntos centrales de la disputa. El mismo funcionario que había firmado el cierre de auditoría de julio, en el que se descartaba un perjuicio patrimonial cierto, respaldó en septiembre la retención preventiva de fondos a partir de nuevas conclusiones técnicas.
El informe ampliatorio también describió un cambio abrupto en la composición de los boletos de las líneas investigadas: desde mayo de 2025, la emisión de pasajes de primera y segunda sección habría caído más del 90%, mientras que los boletos de tarifa máxima habrían aumentado un 260%.
La interpretación de esos datos y su alcance jurídico forman parte de la controversia que debe resolver la Justicia.
Casanello concentró las investigaciones
La superposición de expedientes, las diferencias entre las hipótesis fiscales y las conclusiones contrapuestas de los informes administrativos complejizaron el caso.
Según informó Cabot, el juez Sebastián Casanello pasó a concentrar ambas causas, en las que se investigan responsabilidades potencialmente contrapuestas. Mientras Marijuan avanzó con el planteo de La Nueva Metropol y pidió la indagatoria de los presidentes de las cámaras empresariales y de Pierrini, la otra investigación mantiene bajo análisis las presuntas irregularidades atribuidas a las compañías del grupo.
Casanello optó por mantener abiertas las líneas de investigación y dispuso medidas de prueba complementarias ante la colisión entre ambas hipótesis.
El resultado determinará si existió una maniobra para alterar la distribución de los subsidios y perjudicar a los usuarios y a otras empresas, o si las denuncias contra Metropol carecieron de sustento y fueron utilizadas para provocar un perjuicio comercial.
Por ahora, el caso expone un enfrentamiento empresarial de gran magnitud, una controversia sobre el funcionamiento de los controles estatales y una disputa judicial en la que están comprometidos alrededor de $6.500 millones en compensaciones al transporte.
Fuente: Misiones Online
