Energia y Transporte

Una cautelar ordena no aplicar el nuevo contrato de concesión y mantener las condiciones actuales del servicio. El kirchnerismo quiere parar la venta.

La privatización de AySA enfrenta una ofensiva judicial que podría demorar el traspaso al grupo que lidera un fondo de inversión de Curazao, asociado con Walter Román y Mauricio Filiberti. El proceso impulsado por Toto Caputo prevé recaudar u$s 340 millones por el 90% de las acciones, pero una cautelar y una demanda contra la tasación amenazan con frenarlo.

Las acciones judiciales impulsadas por el gobierno de Axel Kicillof, a través de la Defensoría del Pueblo provincial, y un grupo de legisladores kirchneristas se focalizan en dos puntos clave de la privatización: la reducción de los estándares ambientales, sanitarios y de protección a los usuarios que contempla el nuevo contrato de concesión y el ocultamiento de la tasación oficial de la empresa que realizó el Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) para determinar la razonabilidad de las ofertas.

El Gobierno anunció que convocará a empresas para “analizar” las mejoras que pidió el gobernador de Salta, en la previa de una batalla en el Congreso.

La privatización del Belgrano Cargas quedó atravesada por la pulseada entre Gustavo Sáenz y el gobierno de Javier Milei. El ministro de Economía, Toto Caputo, anunció reuniones con mineras y operadoras logísticas para evaluar inversiones en los ramales C14 y C15 del Norte Grande, que Salta reclama incorporar como obras obligatorias de la concesión.

Contrarreloj y con el objetivo de evitar que los legisladores salteños se sumen a la ofensiva opositora para tumbar el DNU 70/23, la Casa Rosada buscó contener el reclamo del gobernador en la previa de una batalla legislativa clave para el Gobierno. Sáenz cuenta en el Congreso con tres diputados y un senador que pueden ser decisivos para la suerte de las iniciativas oficiales.